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A la defensa de la labor jurisdiccional.

  • Escrito por Andrés A. Aguilera Martínez

elestado

El ataque sistemático a las instituciones de impartición de justicia se ha vuelto una tónica reiterada en los actores políticos del país. Cuando las resoluciones adoptadas por ellas les son desfavorables, cuestionan y atacan a quienes las emiten, como si con ello justificaran su falta de razón. Igual pasa con la mayoría de los colegas abogados, Lo más triste del problema es que la mayoría de la gente, principalmente quienes se proclaman como

seguidores, ven en esta práctica una acción que justifica la ineficiencia o incompetencia de la persona seguida o del actor político de ocasión.

La naturaleza de los Tribunales es, efectivamente, la de dirimir controversias entre partes en disputa. Emiten sus resoluciones con base en la ley, la jurisprudencia y los razonamientos lógico-jurídicos aportados por quienes intervienen en los juicios; mismos que son analizados y estudiados —en la mayoría de los casos— de forma técnica y científica, lo que genera un resultado que es producto del estudio sistemático y organizado que —a su vez— será revisado —tanto en actuación como en razonamiento— en otras instancias.

La labor de juzgar por parte de las instancias del Estado es —sin duda— una de las más importantes, pues en ella se materializa el poder público. Las resoluciones de los juzgados y las salas se acatan y respetan. Se puede coincidir o disentir, estar o no de acuerdo con el razonamiento esgrimido por el juzgador, pero éstas deben cumplirse a cabalidad y a satisfacción del órgano que resolvió, so pena de ser sancionado de forma ejemplar, pues esta transgresión implica —en si misma— transgredir el pacto de civilidad que conjunta a todos en una misma sociedad.

Sin embargo, hoy en día, como una moda perniciosa, los órganos impartidores de justicia han sido recipiendarios de una oleada de ataques de naturaleza política. Ya sean acusados de parcialidad o de sometimiento hacia alguno de los poderes o a los intereses de los factores reales de poder, o bien por haberse corrompido y transgredido así la obligación de imparcialidad a la que están obligados, los órganos impartidores de justicia —juzgados, salas y tribunales— siempre existe un pronunciamiento de inconformidad que sólo sirve como una justificación a la incompetencia o a la carencia de razón, como un escudo que se impone desde lo más profundo de la soberbia para no reconocer un error. Lo más triste es que la mayoría de las personas que son ajenas a la vida de los tribunales, toman partido y asumen posiciones maniqueas que les restan credibilidad y —consecuentemente— legitimidad.

La función jurisdiccional, es la única función gubernamental que debe ser ajena a los vaivenes de la política. Utilizarla como parapetos para justificar incompetencias gubernamentales o deficiencias racionales, sólo demuestra un enanismo mental que sólo se entiende desde la más profunda y obscura de las soberbias.

@AndresAguileraM