La burocracia es un complejo engranaje, conformado por millones de hombres y mujeres que, día con día,
brindan sus aptitudes, capacidades y esfuerzos al servicio de todos los que formamos parte del Estado mexicano. Son ellos quienes, de forma constante y permanente, hacen que las instituciones del gobierno sirvan, se muevan y permitan que las relaciones sociales se lleven acabo con cierta normalidad, sin sobre saltos y dentro de un marco jurídico determinado.
Según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), trabajamos para las instituciones del Estado Mexicano cerca de 4 millones, 925 mil 493 servidores públicos, lo que representa el 3.7% del total de la población y el 8.8% de la población económicamente activa del país. Somos un factor importante dentro de la economía nacional y, sobre todo, en la recaudación hacendaria, ya que somos causantes cautivos, no hay manera que evadamos al fisco ni al Sistema de Administración Tributaria, ya que las instituciones públicas, por mandato de ley, enteran puntualmente los impuestos retenidos a los trabajadores del Estado.
Aunado a lo anterior, los servidores públicos del país —sin excepción— estamos sujetos a un estricto régimen de responsabilidades, reguladas exprofeso, para garantizar un servicio público de calidad; en su mayoría, con un alto grado de especialización, que implican —por si mismas— un nivel de responsabilidad mayor a cualquier encomienda dentro de la iniciativa privada.
En esta lógica, los servidores públicos de todos los niveles de gobierno, por la función que desempeñamos, tenemos derecho a contar con un salario digno, acorde a la responsabilidad que desempeñamos. Nada más, pero nada menos.
Ciertamente los cínicos excesos de malos funcionarios públicos, que en un notorio abuso de atribuciones y facultades usaban, en beneficio propio y a modo de lujos, enseres otorgados para la realización de las funciones estatales, trajeron consigo un hartazgo muy marcado en la sociedad; lo que llevó a que, durante el proceso electoral, la reducción de privilegios y salarios de la burocracia, se volviera una promesas de campaña. Hoy, quien resultó ganador, está empecinado en llevar a los extremos esta bandera electoral y cumplirla a raja tabla, sin cobrar conciencia que no todos los funcionarios públicos cometen estos excesos y que la solución no está en la pauperización del servicio público.
Hoy el Presidente de la República ha confirmado que acatará, irrestrictamente, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y que nadie podrá tener mayores ingresos a los que él perciba. Ello trae consigo un ajuste a la baja de todos los salarios, no sólo de la alta burocracia —secretarios, subsecretarios y directores generales— sino de los mandos medios —directores de área, subdirectores, y jefes de unidades departamentales— que no son más que parte de ese pueblo agraviado por los abusos de los poderosos.
En esta lógica, lo que intenta ser un acto de justicia se torna en un castigo injustificado e injusto en contra de quienes a diario no sólo aportan sus capacidades, conocimientos y habilidades al servicio público, sino que también sacrifican vida personal y familiar, en pos de hacer que las instituciones del Estado funcionen, para beneficio de todos.
Castigar a la burocracia, no es castigar los excesos; es condenar al gobierno a contar con servidores públicos menos profesionales y especializados en detrimento del bienestar general y del destino de México.
@AndresAguileraM