El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Amparo en lo general y
en lo particular los artículos no reservados con 434 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones. La moción suspensiva propuesta por Movimiento Ciudadano fue rechazada. El PRI la calificó como “un hito en la historia garantista de México”.
El presidente de la mesa directiva, el priísta Francisco Arroyo Vieyra, informó al pleno de los diputados que existían 38 reservas en 26 artículos, en lo particular al dictamen de la Ley de Amparo, al menos once reservas se refirieron al artículo 129, el más polémico, al establecer los casos en que de concederse la suspensión del amparo se ocasiona perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Se retiraron como reservas los apartados 40, 85, 107 y 117.
La reserva presentada por el panista Luis Alberto Villarreal García, relativa a la fracción primera del artículo 129, fue aprobada con 425 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención, para impedir que los casinos obtengan amparos para operar sin la respectiva licencia, fue la única reserva avalada. Se votaron en bloque ocho artículos –135, 166, 173, 174, 192, 198, 217 y 231– en los términos del dictamen, transitaron con 360 votos a favor, 70 en contra y 3 abstenciones. Antes, el pleno de la Cámara Baja aprobó tres modificaciones consensadas sólo de redacción a los artículos 16, 61 y 79 del dictamen sobre la nueva Ley de Amparo, al inicio de la discusión de esta reforma.
La nueva ley plantea una reforma integral al juicio de amparo al adecuarlo a las necesidades actuales para que sea más ágil y oportuno, así como aumentar la protección a los derechos humanos, con lo que se “da certeza y seguridad jurídica a los ciudadanos”, afirmó la diputada del PRI Cristina González Cruz al referirse al dictamen, propuesto por la Comisión de Justicia. Establece la posibilidad de promover juicios de amparo contra actos u omisiones de la autoridad en caso de violación a los derechos consagrados no sólo en la Constitución sino también en los tratados internacionales suscritos por México. Amplia la protección al conceder que cualquier ciudadano podrá interponer el recurso de amparo sólo con acreditar un “interés legítimo” y no exclusivamente un “interés jurídico”, como antes.
La nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, es el resultado de la modernización de la Carta Magna, de la ampliación del catálogo de los derechos fundamentales, de un nuevo sistema de justicia penal en desarrollo y del fortalecimiento del poder Judicial, sostuvo la priísta desde la tribuna. Replantea el lenguaje técnico empleado para hacer de este medio de defensa más asequible y claro; más expedito porque redistribuye el trabajo de los tribunales facultados para resolverlos en aras de favorecer la rapidez y prontitud del desahogo de los procesos, cuya materia es sumamente delicada: la protección de los derechos fundamentales.
La priísta González Cruz destacó que se reduce la discrecionalidad de los juzgadores dotando de certeza jurídica, de los derechos fundamentales y se evita el desgaste institucional del poder Judicial. Se trata de llenar un vacío, de subsanar la incertidumbre provocada por la disparidad entre las nuevas disposiciones constitucionales y la legislación secundaria; y se da un paso imprescindible en la construcción de una mejor justicia, con la consolidación de un sistema de protección de derechos humanos asequibles para todos los mexicanos.
El panista José Arturo Salinas Garza reconoció que la nueva ley amplía la protección de los ciudadanos frente la autoridad y garantiza su acceso a la justicia, al darles el doble de tiempo para presentar el juicio y eliminar la necesidad de un abogado, permitiendo la apertura del trámite a través de Internet. Ricardo Monreal Ávila de Movimiento Ciudadano criticó que no se hayan realizado foros de discusión con especialistas antes de dictaminar la minuta remitida por el Senado de la República, y la calificó como un retroceso y una contrarreforma. La petista Lilia Aguilar Gil anunció el voto a favor de su bancada en lo general, porque la reforma convierte a los tribunales de amparo en tribunales constitucionales, garantiza el acceso al amparo para aquellos que tengan un interés legítimo y crea la figura del amparo prioritario en caso de urgencia.