Para contribuir al combate del sobrepeso y la obesidad infantil y juvenil, la diputada del PRI, Adriana Fuentes Téllez, presentó ayer en la tribuna de la Cámara de Diputados, una iniciativa de ley por la que se establezca la obligación de las escuelas públicas y privadas del país a instalar bebederos de agua potable.
Dicha iniciativa, argumentó, busca reformar los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, y está suscrita por los diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Manuel Añorve Baños y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, todos de la bancada priista.
Al fundamentar su propuesta, la diputada priista explicó que la adopción de esta medida evitará no sólo que los alumnos opten por el consumo de bebidas azucaradas, sino que incidirá favorablemente en sus hábitos de consumo.
El sobrepeso y obesidad se han acentuado en México, registrando un incremento significativo en los últimos años, lo que se ha convertido en un problema sanitario que afecta a la productividad de las empresas, el desempeño escolar y el desarrollo económico del país, agregó.
“El problema es tal, que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México es el segundo país con mayor obesidad, al ubicarse en 30 por ciento de su población adulta, superado sólo por Estados Unidos de América”, subrayó.
Precisó que de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud en 2012, la prevalencia de sobrepeso y obesidad de adultos en México fue del 71.3 por ciento, lo que representa 48.6 millones de personas. La prevalencia de obesidad en este grupo fue del 32.4 por ciento y la de sobrepeso, del 38.8 por ciento. La iniciativa fue acompañada por todos los grupos parlamentarios, quienes solicitaron adherirse a la propuesta.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD), se pronunció por establecer en la iniciativa que en el presupuesto 2014 se garanticen recursos para que en todas las escuelas públicas del país se cuente con agua potable. Refirió que actualmente el 40 por ciento de las escuelas en el país no cuentan con este servicio que es indispensable para lograr el propósito que tiene esta iniciativa.
Por su parte, Rosa Elba Pérez Hernández, del PVEM, propuso que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el censo que lleva a cabo actualmente en las escuelas, se ocupe de incluir esta variable, mientras que la panista María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez solicitó que la iniciativa se acumule a otra de su autoría que ya está siendo dictaminada en comisiones.
A su vez el neoaliancista René Ricardo Fujiwara Montelongo se sumó a la propuesta, al señalar que es sensata y sensible, en tanto que la diputada del PRD, María del Socorro Ceseñas Chapa comentó que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó para 2014 la instalación de bebederos de agua potable en todas las escuelas de este país.
Patricia Lugo Barriga, del PAN, propuso que los bebederos sean instalados también en parques públicos y en jardines para fomentar la actividad física, y Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Movimiento Ciudadano pidió que el impuesto que se incluye a las bebidas azucaradas para 2014, se oriente para cubrir de agua potable a todas las escuelas públicas del país.
Por otra parte, diputados del PRD solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, y al congreso local, derogar las recientes reformas a la Ley del Agua del estado, al considerar que violan la Constitución.
El pasado 31 de diciembre se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto del Congreso local que expidió la Ley del Agua para el Estado de Puebla, que abroga la Ley del Agua y Saneamiento del 28 de febrero de 1992.
De acuerdo con los legisladores perredistas, la nueva Ley de Aguas de Puebla considera al estado como corresponsable el servicio de agua potable, cuando la Constitución establece dicha facultad como competencia exclusiva de los municipios.
En conferencia de prensa, el coordinador del PRD, Silvano Aureoles Conejo, explicó que las modificaciones a la legislación violentan los artículos 4 o. y 115 constitucionales, los cuales señalan el derecho humano al acceso al agua potable y la facultad exclusiva de los gobiernos municipales para dotarla a los ciudadanos.