Economí­a Nacional
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Jesús Oviedo

Imprescindible reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para simplificar el esquema tributario de los recursos de las subcuentas para el retiro y liberar del pago de este gravamen las aportaciones de trabajadores, patrones y Gobierno federal propone el diputado del PAN Jesús Oviedo Herrera.

20130308credito

Los problemas de liquidez de la población mexicana, ante las altas tasas de interés y los sobrecostos bancarios, han generado que el país tenga poco menos de 10 millones de créditos vencidos, principalmente de tarjetas de crédito, informó Gustavo Lacroix, director general del Círculo de Crédito.

Recordó que el Círculo de Crédito y el Buró de Crédito comparten la base de información primaria de créditos, que es la que se conforma por financiamientos vencidos, en el caso de tarjetas se incluyen los que tienen 60 días de atraso, mientras que en hipotecarios se incorporan los que presentan seis meses seguidos de incumplimiento.

En conferencia de prensa sobre el convenio que la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (AMDEN) firmó con el Círculo para compartir y consultar los historiales crediticios de los clientes que piden financiamiento, expuso que los 10 millones de créditos son aquellos que presentan retraso en los últimos seis años.

Lacroix, reiteró que esta base primaria también incluye quitas y castigos que hacen los bancos de su balance financiero, es decir, aquellos créditos que venden a empresas de cobranza para tratar de recuperarlos y para limpiar su contabilidad.

Prestamos que aparecen el Buró Detalló que la base primaria se conforma principalmente por préstamos vencidos de tarjeta de crédito que aparecen en el Buró, donde reportan los principales bancos emisores de tarjeta, como BBVA Bancomer, Banamex, Santander, Banorte y Scotiabank.

A la vez, se conforma por préstamos de tarjeta, créditos personales microcréditos de entidades financieras y bancos que atienden a las personas de menores ingresos, como Bancoppel, Azteca, Sofomes no reguladas y Sociedades financieras populares.

“Cuando se juntan las dos bases de créditos vencidos, se observa que las tarjetas de crédito son las que presentan más atraso”, precisó el directivo. Compartir información está establecido en la Ley de Sociedades de Información Crediticia y el amparo que interpuso el Buró para no abrir su información de préstamos que no están vencidos fue resuelto a favor de las autoridades, por lo que tendrán que compartir su base con el Círculo este mismo año, señalo Lacroix.

Asimismo, recordó que por mandato de dicha ley los burós deben borrar de su base de datos los créditos que cumplen seis años de vencidos que pertenecen a personas físicas, siempre que sean menores al equivalente en pesos de 400 mil Unidades de Inversión (Udis).

Destacó el directivo que créditos como Infonavit así como demora en pagos de servicios de luz, agua, predial, entre otros, son el foco rojo en la falta de información sobre morosidad por parte de los usuarios, lo cual evita conocer el historial de pago de consumidores, informó CÍrculo de Crédito.

“Debe conocerse cuántas personas no han pagado servicios como la luz. Este sería un primer referente para conocer si la gente es buena pagando y que sea sujeto de crédito”, explicó.

Instituciones deben ofrecer garantías

Durante la firma de convenio con la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (AMDEM) para evitar el sobreendeudamiento en crédito de nómina, el directivo añadió que se debe contar con instituciones serias que den garantía y tener créditos muchos más sanos. Gustavo Lacroix recalcó que es indispensable expandir el crédito pero con responsabilidad.

Gustavo Martín del Campo, presidente de la AMDEN, dijo que el gremio se pronuncia por la necesidad de que las instituciones financieras privilegien un análisis de crédito conservador, para que de manera ideal, el nivel de deuda que tenga una persona no supere el 30% de sus ingresos.

20130308merced incendio

A pesar que autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF) y el jefe delegacional en Venustiano Carranza, de la administración pasada, sabían de los riesgos por las instalaciones eléctricas y de gas, nunca se preocuparon por prevenir los incendios registrados en los últimos años, y ahora los locatarios del mercado de La Merced, están olvidados a su suerte. La ayuda no ha llegado.

Lo anterior fue señalado por el coordinador general de Mercados Públicos y Concentraciones del Distrito Federal, Fernando García Vargas, a los radio escuchas del programa de radio “VOCES AL AIRE”, que se trasmite por el 760 de ABC.

Explicó que los locatarios, al ver que no se les apoyaba en su desgracia –y las pérdidas son de más de un millón de pesos diarios– después de 48 horas del incendio en la nave mayor de La Merced, pidieron ingresar por los pasillos de lo que fue su mercado, para llegar a lo que fueron sus locales y constatar que todo fue consumido por el fuego.

Aseguran los locatarios que desde la administración pasada tanto el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, como el jefe delegacional, Alejandro Piña, sabían del peligro que representan los cables de luz y los tanques e instalaciones de gas, pero nunca nos hicieron caso.

Las autoridades correspondientes, también sabían que no había cómo salir de emergencia del mercado de la Merced, pues no hay calles, salidas de emergencia y mucho menos extinguidores para combatir el fuego. “Todas la autoridades tienen conocimiento de eso, pero nos tienen olvidados”, dijeron. Explican que este incendio fue el más grave que, inclusive, el de hace 10 años, y al igual que en aquel entonces, todas las salidas estaban bloqueadas, y no hay una de emergencia.

SE LAVAN LAS MANOS

Explica Fernando García, al director general del diario nacional “EL PUNTO CRITICO”, que conduce también el programa de radio “VOCES AL AIRE”, Eduardo Ramos Fusther, que funcionarios delegacionales señalan que sólo esperan los dictámenes de los peritajes de la Procuraduría capitalina y los de la Aseguradora Axa, para pagar el seguro a los comerciantes.

Ya se dieron a conocer los peritajes y hasta el momento, las autoridades correspondientes no han dado a conocer si se hará o no cargo el Seguro, de las pérdidas materiales que sufrieron. Asimismo, aseguran que el mercado de La Merced “sí cuenta con programa de protección civil, pero que al igual que lo del Seguro, nadie tiene conocimiento de ello.

“No conocemos el programa de protección civil, hace 10 años cuando fue el otro incendio colocaron en cada pasillo una base para los extinguidores, pero nunca los pusieron”, dijo el dirigente de mercados. En la administración de Marcelo Ebrard se cacarearon mucho los simulacros de protección civil, anduvieron en todas partes, pero aquí nunca vinieron, nunca se ha dado a conocer estos operativos de seguridad.

Aseguró el líder de los locatarios que los resultados de los peritos señalan que, los mercados están en completo abandono en
las instalaciones, pocas medidas de seguridad y mala organización de los locales. García afirmó que durante los últimos años el GDF también se olvidó de los mercados públicos y sólo ha dado beneficios a los ambulantes.

“No tenemos y no hay las condiciones para dar un buen servicio. Se está señalando cada vez más el mercado público para que tenga la ciudadanía una imagen que el mercado ya no funciona, y no es cierto, porque todavía el cliente, el ‘marchante’, la ‘güerita’ siguen consumiendo en el mercado”, dijo. Ejemplificó el caso del mercado de La Merced, en el que abunda el comercio informal, justo a las afueras del mercado y la autoridad no los retira.

UTILIZAN OTRO METODO PARA DESPOJARLOS DE SUS LOCALES

Por otra parte, Fernando García dio a conocer que ahora el GDF utiliza otro método para quitarles sus locales. Manda por delante a los actuarios y se niegan a reconocer los amparos. Locatarios de mercados públicos de la capital del país pidieron al GDF la instalación de una mesa de trabajo, para dar solución a la problemática que enfrentan. Detalló que sus principales demandas son la actualización de la Cédula Única, facilidades para ingresar a programas sociales y mejoramiento de la imagen urbana.

Javier Salinas Narváez

Dejar de solapar y consentir a evasores fiscales, líderes sindicales expoliadores y ex gobernadores que inexplicablemente se hacen ricos de la noche a la mañana exigió la bancada del PRD en San Lázaro, al afirmar que de frenarse esas prácticas se tendrían recursos para establecer el seguro del desempleo.

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En el primer mes del año se importaron 55,321 vehículos usados, es decir, 64.5% más que en enero de 2012, alertó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Con este ingreso, informó en un comunicado, suman 6 millones 694,000 unidades “chatarra” importadas desde la apertura de la frontera, en octubre de 2005; el monto de los automóviles usados que entraron al país en 8 años equivale a 93.5% de lo que vendió la industria nacional de vehículos nuevos por 7 millones 155,900 de unidades.

“Son factor negativo no sólo para la industria sino para el país”, afirmó Guillermo Rosales, vocero de la AMDA.

La Asociación explicó que el crecimiento de la importación refleja una tendencia constante de aumento desde agosto, mes a mes, de unidades usadas.

Al cierre del 2012, la Administración General de Aduanas registró la importación de 600,000 autos usados, bajo el amparo de juicios. De acuerdo con estas cifras, dos de cada tres vehículos que se compran en México llega del extranjero, aunque no cumpla con la Norma Oficial Mexicana.

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El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, y el subsecretario de Hacienda Fernando Aportela Rodríguez, coincidieron en afirmar que en México nueve millones de familias necesitan soluciones de vivienda, mediante la adquisición de una nueva o usada, o bien ampliación de la que tienen o mejoramiento del inmueble donde viven.

En este contexto, en conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, SHyCP, ambos funcionarios presentaron a los medios de comunicación el Programa de Garantía SHF a la Construcción de Vivienda, el cual es un esquema de garantías, de acceso abierto a todos los desarrolladores de vivienda, como parte de la Política Nacional de Vivienda anunciada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 11 de febrero.

El titular de la SEDATU, Jorge Carlos Ramírez Marín, sostuvo que gracias a la nueva garantía, los desarrolladores aprovecharán la oportunidad de mercado, que supone abatir el rezago de vivienda nueva en México, así como la atención del Bono Demográfico.

Afirmó que para el gobierno federal, el sector vivienda es uno de los principales motores del mercado interno y una palanca de desarrollo nacional, por la generación de empleo y el impulso a la productividad de diferentes sectores económicos.

El anuncio del Programa de Garantía SHF a la Construcción de Vivienda es la primera acción de una estrategia integral de políticas públicas en materia de vivienda bajo la coordinación institucional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territoral y Urbano (SEDATU).

El titular de la SEDATU, indicó durante su intervención que el gobierno federal trabaja con el objetivo de hacer de México “el mejor hogar para todos”, ya que, cuenten o no con los recursos suficientes para comprar una propiedad, las familias mexicanas tienen derecho a una vivienda digna provista de todos los servicios e integrada en una comunidad sustentable que haga más próspero al país.

Más adelante puntualizó que el programa SHF a la Construcción da respuesta a la necesidad de viviendas, fomenta el desarrollo del sector como motor económico de México y facilita la construcción de nuevas casas, a través de la obtención de crédito por parte de los desarrolladores reduciendo el riesgo para los bancos, lo cual contribuye a que los mexicanos accedan a su propio hogar de calidad.

El titular de la SEDATU, advirtió que las empresas desarrolladoras con cuentas sanas, cimientos sólidos y una visión sustentable tendrán acceso a más créditos para construir viviendas, a excelentes oportunidades de negocio, así como a un esquema de financiamiento adicional hasta de 15 mil millones de pesos, promovido con garantías de primeras pérdidas de SHF. Con ello, dijo, se potenciará una derrama adicional del 40 o 50% del saldo actual de los créditos a la construcción de vivienda.

Terminó su intervención afirmando que los desarrolladores podrán construir más para satisfacer la demanda de vivienda nueva a través de créditos del Infonavit, Fovissste, Banca Comercial e Intermediarios Financieros que operen con SHF.

20130307campo

Diputados federales, senadores y dirigentes campesinos, pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática, PRD, se instalaron en el Monumento a la Revolución, donde afirmaron poner en duda que en este año se vean resultados tangibles con los programas anunciados por el Gobierno federal hacia el campo, y esperar cambios significativos en estos casi 100 días de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, e indicaron que: “sería una ilusión”, porque tanto el presupuesto para este año, como los programas gubernamentales son los mismos que se aplicaron el sexenio anterior.

En conferencia de prensa el senador Fidel Demédicis Hidalgo, así como el diputado federal Sebastián de la Rosa, y el dirigente de la Coalición de Organizaciones, Democráticas, Urbanas y Campesinas, Marco Antonio Ortiz Salas, anunciaron –antes de iniciar su peregrinar por la capital de la República– entregar un pliego con 10 peticiones o sugerencias al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a la Presidencia de la República, para que sean tomadas en cuenta e incorporadas al Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, y el cual se presentará dentro de los primeros seis meses de la actual administración.

Propuesta para el gobierno federal

En la propuesta planteada por los legisladores y el dirigente campesino para el Plan Nacional de Desarrollo, se contemplan 10 ejes: un marco macroeconómico favorable al desarrollo rural y política de estado; la soberanía alimentaria; comercio internacional (el TLCAN) justo con agenda de desarrollo; solución de los conflictos agrarios en el medio rural; reactivación del mercado interno y la producción de alimentos; políticas incluyentes y diferenciadas; reglamentación en una ley del derecho a la alimentación; el desarrollo territorial y regional, eliminando las grandes diferencias norte sur-sureste; revisión y modificación del marco jurídico; estado social y de bienestar, y reorientación del gasto público y del programa especial concurrente.

Argumentaron los dirigentes campesinos, que desde 1980 el país ha estado estancado, no se ha registrado crecimiento de la economía para generar empleo, ingresos, demanda y crecimiento industrial.

Ello ha llevado también a un medio rural con estancamiento, desigualdad e inequidad; derivado de ello se enfrentan resultados adversos del modelo económico que no pueden ocultarse, sobre todo a raíz de la instrumentación de las reformas estructurales como la del artículo 27 constitucional y la firma del TLCAN.

Reveló Antonio Ortiz Salas que las propuestas entregadas a las autoridades federales, están respaldadas por el senador y los diputados federales del PRD, y sostuvieron llegar a acuerdos por un verdadero Pacto Nacional Rural.

Recursos géneticos

Destacaron como una amenaza a la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, que los recursos genéticos, el germoplasma y las capacidades de ingeniería genética, crecientemente sean apropiadas por empresas transnacionales; tal es el caso de la presión en estos días de las grandes empresas transnacionales por comercializar los productos transgénicos.

De conformidad con todo lo expuesto, demandaron al Gobierno federal, que en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, el Pacto por México y en la Cruzada contra el Hambre, puedan participar las organizaciones campesinas e indígenas, y al mismo tiempo diseñar un nuevo acuerdo en favor del campo mexicano o un Pacto Nacional Rural.

Sebastián de la Rosa, diputado federal del PRD, y secretario de la Comisión de Desarrollo Rural, manifestó no compartir la política actual que aplica el Gobierno federal hacia el agro nacional, lo que contradice las declaraciones del presidente Peña Nieto, que dice que “en su Gobierno el campo será una prioridad”, pero en el presupuesto no se ve reflejado ese interés, dijo, por eso en esta movilización exigiremos se incluyan, no por buena voluntad, sino porque es necesario, que nuestras propuestas sean incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Finalmente, el Senador de la República, Fidel Demédicis Hidalgo, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, señaló que los anuncios hechos por el Jefe del Ejecutivo son “sólo anuncios”, que si no se les da el sustento práctico con acciones concretas, termina siendo demagogia, y el riesgo que hay es que el gobierno de Enrique Peña Nieto se convierta “en un gobierno demagógico, si no da muestras al pueblo de que realmente quiere atacar los problemas de fondo, pues no es concebible que muera una persona por hora, de hambre”.

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