Más de un millón de indocumentados, incluidos 690 mil “dreamers”, la mayoría mexicanos, y más de 330 mil beneficiarios del TPS pasarán Navidad y Año Nuevo con la incertidumbre de qué les deparará el futuro, tras la decisión del presidente Donald
Trump de terminar gradualmente con su protección migratoria.
El Congreso cerró el periodo legislativo de 2017 sin dar alivio migratorio a beneficiarios del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) y del Estatus de Protección Temporal (TPS), pese a que encuestas muestran un mayoritario apoyo de los estadunidenses para que permanezcan en este país.
“Yo sigo teniendo esperanzas, no sabemos qué puede pasar, entonces vamos a seguir con las marchas y las protestas. Yo sigo con el optimismo, y no me voy a dar por vencida”, dijo a Notimex Arizai González Porras, una "dreamer" de origen mexicano de 18 años de edad.
A menos que el Congreso apruebe un acuerdo de alivio migratorio para los “dreamers”, alrededor de 30 mil beneficiarios de DACA empezarán a ser elegibles a la deportación mensualmente a partir del 5 de marzo de 2018.
Un abrumador 83 por ciento de los estadunidenses apoya los beneficios de DACA para los jóvenes indocumentados, de acuerdo con un sondeo de CNN divulgado la semana pasada.
Aunque legisladores demócratas y "dreamers" desean la aprobación de la iniciativa de Ley Dream, que abre el camino a la ciudadanía a los beneficiarios de DACA y eventualmente a sus padres, los republicanos no sólo se oponen a la ciudadanía y a la migración en cadena, sino condicionan el alivio a dinero para la seguridad fronteriza.
“(Trump) quiere una solución, pero está poniendo nuevamente DACA en la cancha del Congreso (...) Nos dio de plazo hasta marzo y espera una solución. Pero cualquier solución sobre DACA debe incluir un fin a la migración en cadena”, señaló el senador republicano de Georgia, David Perdue, tras una reunión con el presidente.
Un puñado de republicanos rechaza la Ley Dream y en cambio apoya el proyecto de ley Éxito, el cual establece una protección para los jóvenes, pero excluye la regularización de sus padres, ante la posibilidad de que puedan convertirse en ciudadanos estadunidenses.
Con apoyo republicano y de 17 demócratas, el Congreso aprobó el jueves una ley temporal de gasto que evitó el cierre del gobierno general y lo mantiene en operación hasta el 19 de enero, pero excluyó la consideración de cualquier tipo de iniciativa de alivio migratorio para los beneficiarios de DACA.
Las dos mayores organizaciones de defensa de los "dreamers", United We Dream y la Dream Action Coalition, dejaron en claro que continuarán sus acciones de organización y movilización para sensibilizar a los legisladores sobre la importancia de aprobar la ley Dream en enero.
“Estamos aquí para quedarnos. ¡Estamos prendidos y vamos a ganar la Ley Dream en enero!”, confió la agrupación United We Dream.
Durante las últimas semanas, cientos de "dreamers" ocuparon más de 50 oficinas de legisladores, obligaron al cierre de varios recintos en la cámara de representantes y el Senado, con saldo de varios arrestados y una breve huelga de hambre de media docena de activistas.
Las movilizaciones de los beneficiarios del TPS, que incluyen a casi 200 mil salvadoreños, 86 mil hondureños, unos 59 mil haitianos y dos mil 500 nicaragüenses han tenido menos visibilidad que las de los "dreamers", pero los llamados “tepesianos” confían en una solución permanente en 2018.
La administración del presidente Trump anunció el 20 de noviembre la terminación Estatus de Protección Temporal para 59 mil haitianos, con lo cual puso fin al programa puesto en marcha en 2010 a raíz del terremoto que azotó la isla y que dejó un saldo de más de 200 mil muertos.
Poco antes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había adoptado una decisión similar para dos mil 500 nicaragüenses y extendido sólo por seis meses de manera automática las protecciones para los hondureños.
Los hondureños sólo tienen hasta ahora una extensión hasta julio de 2018, los nicaragüenses hasta enero de 2019 y los haitianos hasta julio de 2019.
Para los salvadoreños, el grupo más numeroso que se beneficia del TPS, las protecciones terminan el 9 de marzo, pero la ley requiere que el gobierno federal tome una determinación 60 días antes de esa fecha, por lo que la administración Trump deberá anunciar una decisión para el 8 de enero.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCBB) envió una carta a la entrante secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en la que pidió una extensión del TPS para los salvadoreños al considerar que terminarlo ahora sería “inhumano”, a raíz de la situación económica y de inseguridad en el país centroamericano.
“El Salvador padece de escasez generalizada de viviendas, falta de acceso a agua potable, enfermedades e inseguridad alimentaria como resultado de los terremotos de 2001 y desastres naturales subsecuentes”, mencionó la misiva.
A diferencia del programa DACA, aprobado por una orden ejecutiva del entonces presidente Barack Obama en 2012, los TPS fueron avalados por el Congreso, por lo que algunos de sus beneficiarios creen que tienen buenas probabilidades de una solución por parte del legislativo estadunidense.
“Estamos optimistas. Sentimos que DACA y TPS son cosas diferentes. DACA fue una orden ejecutiva, en cambio TPS se elaboró en el Congreso, Queda a discreción del presidente. El TPS es algo más formal”, comentó el salvadoreño Edwin Murillo, miembro de la Alianza Nacional TPS.
Sin embargo, hasta el momento no ha prosperado ninguna de las iniciativas de ley, ni para darles una extensión temporal, ni para ofrecerles una solución permanente, y el tema ni siquiera figuró en las negociaciones entre republicanos y demócratas.