El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe remitir inmediatamente la situación en Myanmar a la Corte Penal Internacional (CPI), específicamente los
abusos generalizados y sistemáticos contra la etnia rohingya, pidió Human Rights Watch (HRW).
En un comunicado emitido este martes, el organismo civil indicó que los representantes de las naciones que conforman el Consejo de Seguridad conocen ya la situación en Myanmar de primera mano, tras su visita a los campos de refugiados la semana pasada, por lo que ahora deberían actuar.
Los diplomáticos vieron la situación de los más de 700 mil refugiados rohingya que huyeron de los abusos militares de Myanmar desde agosto de 2017, que se sumaron a los casi 200 mil refugiados rohingya que huyeron previamente de la violencia dirigida específicamente contra esta etnia.
Los diplomáticos se comprometieron entonces a tomar medidas a su regreso a la sede de la ONU, en Nueva York, por lo que HRW urgió a los diplomáticos a honrar su palabra.
“Ahora que el Consejo de Seguridad ha escuchado directamente de los refugiados rohingya sobre los horrores infligidos por el ejército de Myanmar, la necesidad de llamar a cuentas a los responsables debe ser clara”, afirmó Param-Preet Singh, director asociado de justicia internacional.
Singh añadió que las “negativas repetidas e inverosímiles de Myanmar por las atrocidades y su añeja cultura de impunidad significan que la Corte Penal Internacional es la única esperanza real para que las víctimas accedan a la justicia”.
Durante su visita de cuatro días a Myanmar y Bangladesh, los miembros del Consejo se reunieron con agencias humanitarias, grupos de la sociedad civil, parlamentarios y funcionarios, incluido el primer ministro de Bangladesh, Sheikh Hasina, y la líder de Myanmar Aung San Suu Kyi.
La representante permanente de Reino Unido, Karen Pierce, manifestó que Aung San Suu Kyi aseguró a los miembros del Consejo que si se le proporcionaban pruebas de violaciones, las autoridades de Myanmar emprenderían una “investigación adecuada”.
Sin embargo, de acuerdo con HRW, el gobierno de Myanmar ya ha contado con evidencia internacional y “no ha tomado ninguna medida genuina para investigar imparcialmente toda la gama de abusos cometidos contra los rohingya”.
Durante más de un año, el gobierno se negó a permitir el acceso a la Misión de Investigación de la ONU creada por el Consejo de Derechos Humanos para “establecer los hechos y las circunstancias” de las supuestas violaciones de las fuerzas de seguridad.
Myanmar también impidió que Yanghee Lee, la experta en derechos humanos nombrada por la ONU para ese país, ingresara a territorio de Myanmar luego de informar públicamente sobre abusos militares.
El gobierno y los militares han descartado los voluminosos informes de la ONU, los grupos de derechos humanos y los medios de información en torno a asesinatos, violaciones e incendios de las aldeas rohingya en el norteño estado de Rakhine, explicó HRW.
Mientras tanto, un “equipo de investigación” del ejército dijo en noviembre pasado que al menos 376 “terroristas” murieron durante los combates, pero no encontraron “muertes de personas inocentes”, denunció HRW.