Constitución Política de la Ciudad de México con laaprobación de la Ley de Sustentabilidad Hídrica que privatiza el servicio y conculca las facultades del próximo Congreso de la Ciudad de México.
Así lo aseguró la diputada Ana María Rodríguez, quien señaló que los Constituyentes de morena lucharon y triunfaron al establecer en la nueva Constitución la prohibición estricta de privatizar el servicio de agua potable, incluso condicionaron su permanencia en el Constituyente si no se establecía de esta forma.
Ante ello, anunció que la lucha para detener la intentona del PRD y PAN de privatizar e servicio de agua en la Ciudad de México, como ha ocurrido en otros estados de la República, no va a quedar con la aprobación ilegal de la Ley de Sustentabilidad Hídrica en la Asamblea Legislativa, va a continuar en las instancia jurídicas correspondientes.
Los capitalinos y morena vamos juntos contra esta ley privativa del servicio de agua, afirmó, pues la Constitución de la Ciudad de México indica queel servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje “no podrá ser privatizado”.
De forma confusa, explicó, en el artículo 8vo establecen que el derecho “al agua potable, como un derecho inalienable, irrenunciable y esencial para la vida; además este servicio no podrá ser privatizado bajo ninguna circunstancia”, refiriendo únicamente a la disposición final (consumo) cuando el concepto de la Constitución de la Ciudad de México es más amplio.
Llegan al extremo de entregar el agua del subsuelo, ríos y manantiales que pertenecen a los pueblos y barrios, al autorizar concesiones a personas física o moral para la explotación, uso o aprovechamiento de agua. Es decir, es un negocio que beneficia a refresqueras, empresas de agua embotellada o particulares, advirtió.
El negocio lo redondean con establecer en el art. 4to que será de “utilidad pública el mantenimiento, rehabilitación, construcción, operación y ampliación de las obras de abastecimiento de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, así como obras de captación de agua pluvial tanto para la inyección de agua al acuífero como para el uso doméstico y de agricultura orgánica”.
La legisladora explicó que la Suprema Corte de la Nación ha señalado que“utilidad pública” comprendea los casos en que los particulares, mediante la autorización del Estado, son los encargados de alcanzar los objetivos en beneficio de la colectividad.
Es decir, comentó, el Gobierno de la Ciudad de México (Estado)tendrá manga ancha para privatizar todo el proceso del servicio, lo que provocará que la disposición final (consumo de agua potable) incremente sus costos. Un ejemplo claro es como opera CFE para proporcionar el servicio de energía eléctrica.
Ahora bien, la Constitución CdMéx indica que las autoridades de la Ciudad garantizarán la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y sustentable, además el derecho humano al agua es inembargable y su gestión será pública, sin fines de lucro.
En tanto, dijo, el dictamen en cada línea establece lo contrario. Otorga facultades al gobierno para suspender y restringir el servicio doméstico de agua cuando el usuario no pague dos recibos continuos o intercalados, además de sustituir su obligación de garantizar el acceso diario y continúo por la red con la entrega de garrafones de agua y sólo otorgar como mínimo indispensable 50 litros porpersona.
A pesar del momento de emergencia y de crisis hídrica que sufrimos a consecuencia del sismo del 19 de septiembre, sostuvo, es lamentable que no exista en el dictamen disposiciones legales que permitan enfrentar momentos difíciles para garantizar el acceso a agua potable y evitar que millones de capitalinos sufran escasez en tiempos normales y en crisis por la ineficiencia de las instituciones.
Afirmó que morena votó en contra del dictamen, no sólo porque se pretende privatizar el servicio, sino porque los legisladores del PRD, PAN, PRI y PVEM transgredieron la Constitución de la Ciudad de México queclaramente mandata al primer Congreso de la Ciudad de México a legislar en materia hídrica.