Los funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) cuyos nombres aparecen en el contrato de adquisición de un paquete de 500 infecciones del sistema Pegasus, con fecha 29 de octubre de 2014, deben ser llamados a testificar para que “aclaren” el uso que hicieron del software, urgió un colectivo de organizaciones.
Entre los servidores públicos que firmaron el contrato por 32 millones de dólares destaca Tomás Zerón de Lucio, entonces a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Pro Juárez, la Red para la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), entre otras organizaciones, insistieron en la necesidad de convocar a un panel de expertos y expertas independientes para supervisar la investigación de la PGR.
“Dado que es la misma PGR la que está a cargo de la investigación, esta revelación corrobora y hace más relevante la necesidad de generar mecanismos adicionales y extraordinarios para asegurar garantías de independencia en la investigación”, subrayaron.