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Piden consolidar eficiencia energética como política de Estado

  • Escrito por Notimex

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La siguiente administración debe establecer una política de Estado congruente y ambiciosa en materia de cambio climático y energía, a fin de garantizar el desarrollo al que México aspira llegar en el futuro.


Representantes de World Resources Institute (WRI) México, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Iniciativa Climática de México (ICM) señalaron lo anterior al reunirse por cuarta ocasión con representantes de medios para promover dichos objetivos.
En un comunicado conjunto se informó que durante el encuentro los expertos hablaron de la importancia de implementar medidas de eficiencia energética como una estrategia para aumentar la seguridad energética y reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
En ese sentido, se destacó que los edificios son responsables de 40 por ciento de la demanda mundial de energía y de una tercera parte de las emisiones de GEI, por lo que aplicar una política de eficiencia energética representaría una gran oportunidad de inversión.
Sin embargo, la eficiencia energética ha tenido una penetración endeble debido a barreras políticas, técnicas y financieras, advirtió el director de Cambio Climático y Energía de WRI México, Andrés Flores.
Al respecto, la directora global de Energía en el WRI, Jennifer Layke, reveló que existe un potencial de 16 mil millones de dólares si se considera la posibilidad de invertir en edificios sustentables, lo que es más de lo que podría tener cualquier sector.
Por otra parte, se abordó la importancia de considerar a la infraestructura energética como un posible “Activo Varado” en México, específicamente en los temas de refinación y generación de electricidad basada en gas natural.
Al respecto, ICM expuso que el panorama de refinación de México es complejo, intensivo en capital y con retornos de inversión a largo plazo, además de que existe volatilidad en los precios del crudo y desde hace varios años nos enfrentamos a una baja en las reservas.
Todo ello debe obligar a “encontrar un punto óptimo de crecimiento en nuestra capacidad de refinación para reducir nuestra dependencia y la inversión en derivados del petróleo, pero garantizando que no sobreinvirtamos en capacidad de refinación”, dijo Adrián Fernández, director de Iniciativa Climática de México.
Planteó que “debemos evitar quedarnos con activos varados en el futuro, representados por una infraestructura de refinación que, en menos de 20 años estaría sobrada y sería ociosa, si perseguimos obsesivamente la idea de la autosuficiencia en la producción de gasolinas y diésel”.
Finalmente, el director general adjunto del IMCO, Manuel Molano, subrayó que hay que sustituir el subsidio a la electricidad por inversión en paneles solares, ya que ello permitiría impulsar de mejor manera las metas que el país tiene en materia de reducción de emisiones.
En conclusión, las tres organizaciones emitieron seis recomendaciones a considerar para establecer una política a nivel federal que considere: realizar estudios técnicos y de factibilidad financiera, para asegurar que existe una demanda de mercado tanto interna como externa.
Asimismo, la disponibilidad y calidad de la materia prima, el capital y una alta tasa de utilización que justifique la inversión y permita la autosuficiencia del sector para competir en un mercado abierto.
También atender el rezago en los proyectos de las tres refinerías (Tula, Salamanca y Salina Cruz) y garantizar el aumento de su tasa de utilización.
Otra recomendación es crear un sistema de indicadores transparente y público que permita monitorear los resultados operativos, comerciales y financieros, para medir el desempeño de la empresa y lograr una competencia real en los mercados.
Además de aumentar los niveles de eficiencia operativa que justifiquen la inversión en nuevas refinerías y garanticen la recuperación del capital, así como definir de manera clara el papel de la inversión privada.
Puntualizó que se deben crear políticas claras que manden señales a los inversionistas, como precios al carbono más altos, incentivos económicos mayores y regulación más estricta.