Buenos Aires.-La Cámara Nacional Electoral de Argentina decidió que el expresidente Carlos Menem (1989-1999) no podrá ser otra vez candidato a senador debido a que ya fue condenado por tráfico de armas.
El organismo frenó así la candidatura de Menem, quien se había registrado como candidato con la esperanza de renovar su bancada en la Cámara Alta en los comicios legislativos de octubre próximo.
A sus 87 años, el abogado que fue el hombre más poderoso de Argentina durante una década, goza de impunidad pese a los discursos contra la corrupción y en pro de la transparencia lanzados por dirigentes políticos.
La contradicción más evidente estalló en las últimas semanas, cuando la gobernante alianza Cambiemos que llevó a Mauricio Macri a la presidencia impulsó, sin éxito, la expulsión del exministro de Planificación Julio de Vido de la Cámara de Diputados.
De Vido fue el principal responsable de las multimillonarias obras públicas contratadas a empresas privadas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015), muchas de las cuales están bajo investigación por presunta corrupción.
El oficialismo trató de sacar al exministro con el argumento de que carecía de “idoneidad moral” para mantener la banca por el cúmulo de procesos judiciales en su contra, pero nada dijo de Menem, cuya condena fue ratificada el mes pasado.
En 2013, el expresidente fue condenado a siete años de prisión y una inhabilitación de 14 años para ejercer cargos públicos por encabezar, en los años 90, en el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, pese a que había una prohibición expresa de Naciones Unidas.
La condena todavía no se hizo efectiva, lo que permitió que Menem mantuviera su banca en Senado gracias a que sus abogados interpusieron recursos y, sobre todo, a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se ha pronunciado sobre el caso.
Si el máximo órgano de Justicia de Argentina confirmara la condena, Menem debería cumplir con prisión efectiva, aunque sería en su casa dada su avanzada edad y su estado de salud, pero antes el Senado debería votar su desafuero para que la justicia pueda detenerlo.