Naciones Unidas condenó hoy el asesinato en Colombia del defensor de los derechos humanos Carlos Jimmy Prado Gallardo, ocurrido en el sureño departamento de
Nariño, y alertó sobre la falta de garantías para los líderes sociales en este país sudamericano.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentaron el asesinato de Prado Gallardo, líder y directivo de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico-Territoriales de Nariño.
“Una vez más registramos las graves consecuencias de un contexto de amenazas y falta de garantías para líderes, lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y miembros de organizaciones comunitarias en diversas regiones del país, siendo Nariño uno de los departamentos más afectados”, dijo la ONU.
Las comunidades que habitan el departamento de Nariño “han visto vulnerados sus derechos ante el aumento de homicidios selectivos, amenazas e intimidación contra sus líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos”.
Dijo que persisten los desplazamientos “forzados, el confinamiento y/o limitaciones a la movilidad de sus comunidades, por combates y hostigamientos entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales" que disputan el control de corredores estratégicos dejados por la desmovilizada guerrilla de las FARC.
Añadió que se han hecho numerosos llamados de alerta de organizaciones étnico-territoriales tanto afro como indígenas, de las etnias Awá y Eperara Siapidara, sin que hasta el momento "la respuesta de las instituciones a nivel local, regional y nacional haya tenido el impacto esperado".
La ACNUR y ONU Derechos Humanos hicieron “un llamado urgente" para que las instituciones del Estado, a nivel local y nacional, garanticen la vida e integridad de los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos.
Además, demandaron que miembros de organizaciones comunitarias puedan ejercer el legítimo derecho a su actividad de defensa y protección de los derechos humanos.
Se requiere, dijo, una "presencia permanente en los territorios de más difícil acceso para garantizar la protección para la población civil, tal y como se reitera en el Auto 620 de noviembre de 2017 a través del cual la Corte Constitucional adopta medidas provisionales urgentes para la protección de la población".