Ginebra. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó hoy al gobierno de Venezuela para que permita una investigación
“transparente” sobre la muerte del concejal opositor Fernando Albán, acusado de participar en un plan para matar al mandatario venezolano.
Según el gobierno de Maduro, Albán se suicidó durante su detención.
La vocera del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, dijo en una rueda de prensa en Ginebra que hay preocupación por la noticia sobre la muerte de Albán y “también por el hecho de que no había sido presentado ante un juez en el plazo de 48 horas que establece la ley venezolana”.
“El Estado tenía la obligación de garantizar su seguridad, su integridad personal (…). Nosotros pedimos una investigación transparente para aclarar las circunstancias de su muerte”, ya que existen “informes contradictorios sobre lo ocurrido”, dijo la vocera.
Hizo ver que hay “mucha especulación sobre lo que pasó, si se suicidó, si lo lanzaron desde un décimo piso de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) donde estaba detenido, si fue maltratado. Es por ello que necesitamos una investigación sobre su muerte".
Según el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, el concejal se suicidó la víspera al lanzarse por una ventana del edificio del SEBIN, tres días después de ser detenido en relación al presunto ataque con drones explosivos contra el presidente Maduro.
Albán, quien era del opositor Partido Primero Justicia, “solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde el décimo piso del edificio”, explicó Saab.
El ministro venezolano del Interior, Néstor Reverol, dijo que el concejal “se suicidó en el momento en que iba a ser trasladado al tribunal”.
Primero Justicia denunció que el concejal opositor “murió asesinado en manos del régimen de Maduro”. “Exigimos justicia”, dijo y anunció que acudirá a todos los organismos nacionales e internacionales para establecer responsabilidades.
En Ginebra, la vocera del Alto Comisionado también pidió a Venezuela atención médica para los 59 ciudadanos colombianos que fueron detenidos hace dos años en territorio venezolano, sin que hasta ahora se hayan presentado cargos en su contra.