La  política económica del gobierno nos ubica en una dramática crisis que nos puede llevar a retroceder al menos diez años en el desarrollo alcanzado. La emergencia sanitaria por el covid-19 no ha hecho más que exacerbar el panorama, obligando al gobierno federal a buscar recursos hasta por debajo de las piedras.

 La deficiente conducción de la economía arrojó ya un déficit en las arcas del gobierno que trata desesperadamente de subsanar a través de todos los medios posibles.

De los recortes de 2019 en la estructura administrativa, muchos de ellos al margen de la ley, pasamos este año a la iniciativa para disponer de los recursos del Presupuesto de Egresos en tiempos de crisis; y al recorte presupuestal del 75% de las dependencias de la administración.

Se echó mano de más de la mitad del Fondo de Estabilización.

A lo largo de 20 meses hemos visto un sinnúmero de cambios políticos y económicos que golpean directamente al ámbito social.

Recortes salariales, aguinaldos y prestaciones, el pase de charola, despidos injustificados, contrataciones por honorarios y hasta que el trabajador lleve sus herramientas y equipos personales para cubrir lo que el gobierno debería de proporcionar por obligación, en una auténtica violación a la Ley Federal del Trabajo

Ahora, “voluntariamente a fuerza”, los trabajadores de gobierno deben “donar”, por orden presidencial vía la Secretaria de Hacienda, entre el 5 y el 20% de sus ingresos, aportación que deberán hacer en ventanilla de la tesorería y ojo, deberán guardar el recibo, dicen, para aclaraciones posteriores.

Más de 12 mil millones de pesos se recaudaran así de fácil a fin de este año, a costa del sufrimiento de miles de familias, para sortear, dicen, la crisis económica y de salud.

Y entonces, ¿Para qué sirve el Presupuesto de Egresos y los fondos de emergencia contemplados por más de 6 billones de pesos, aprobados para este año?

La doble cara de un gobierno en la aplicación de los criterios laborales, además de la falta de incentivos para cuidar el empleo formal en estos tiempos, empujando a la informalidad

¿No sería mejor frenar por un tiempo las inversiones en obras faraónicas y destinar ese dinero en una verdadera emergencia nacional?

La austeridad como emblema de este nuevo tiempo es conveniente y necesaria, pero no podría ni debería des institucionalizar la república, al nivel de asfixiar, por la vía presupuestal, el trabajo y las funciones de estas instituciones

Muchas violaciones a la ley en sólo unos cuantos meses.

Estamos ante un gobierno que se niega a aceptar el fracaso de su política populista, un gobierno que, escudado en un blindaje de moralidad autoimpuesta, toma decisiones que vulneran la ley y pisotean los derechos de los trabajadores, así como los recursos de los mexicanos concentrados en el presupuesto.

Un gobierno que tiene en la plaza a una multitud que engrosará en unos meses más, las filas de la pobreza.

¿Quién pone orden en la casa?