Hace años, en una clase de administración pública, se explicaba el fenómeno francés de la cohabitación:
cuando la Presidencia y el gobierno de París estaban en manos de partidos distintos, como ocurrió con Valéry Giscard d'Estaing y Jacques Chirac. La conclusión era simple y brutal: cuando el poder se divide sin madurez política, el gobierno se paraliza y los ciudadanos pagan el costo. La rivalidad sustituye a la responsabilidad.
Eso, exactamente eso, está ocurriendo hoy en México. No se trata de pluralidad democrática, sino de mezquindad política. Desde la Presidencia de la República hasta las alcaldías, lo que impera es la incapacidad de coordinarse, sobre todo, la voluntad de confrontarse. Un legado directo del sexenio anterior: dividir, burlarse del adversario y gobernar para los propios.
Hoy esa herencia se expresa con nitidez en la presidenta Claudia Sheinbaum. Ante cuestionamientos legítimos, responde con evasivas. Ante hechos concretos, recurre al pasado. Su reacción sobre la imagen difundida en Palacio Nacional —en lugar de aclarar— fue desviar el tema hacia 1968. No es estrategia: es evasión. No es liderazgo: es incapacidad de asumir el presente.
Y mientras el discurso oficial habla de austeridad, la opacidad sobre el uso real de los espacios presidenciales en Palacio Nacional levanta dudas legítimas. La austeridad que no se demuestra, simplemente no existe.
Pero donde el problema deja de ser discurso y se vuelve tragedia cotidiana es en la seguridad. En la Ciudad de México, el gobierno federal, el de la capital y las alcaldías no solo no se coordinan no hay mando único y se tolera o fomenta la corrupción con complicidades: se estorban. La autoridad está fragmentada, diluida y, en los hechos, ausente. La Guardia Nacional interviene sin lógica clara; la fiscalía actúa con criterios opacos; y la policía responde a mandos políticos antes que a los ciudadanos.
En la Alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por Alessandra Rojo de la Vega, el escenario es revelador: invasiones de vivienda toleradas, patrullas utilizadas para proteger invasores en funciones ajenas a la seguridad real y ciudadanos completamente desprotegidos. La autoridad local, sin control sobre la policía, queda reducida a espectadora. Eso no es gobierno. Es descomposición institucional.
Hoy, en colonias como Santa María la Ribera, los vecinos lo dicen sin rodeos: la ley no manda, manda la descoordinación… o peor aún, los intereses políticos. México no está ante un problema de falta de leyes, sino de falta de Estado. Y cuando el Estado falla, no hay partido que gobierne: hay ciudadanos atrapados, rehenes de un poder que, en lugar de servir, se venga.
Datos de fiscales, guardia nacional, policías de SSC de la cdmx cuidando casas de delincuentes. E invasiones de inmuebles. Ante el silencio cómplice de autoridades de los tres órdenes de gobierno.
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