Se dejo atrás cualquier duda respecto a la ruta de consolidación de la vía militar en la seguridad pública en México. A la toma de control militar sobre ésta, en el ámbito federal,

le seguirá lo mismo en las órdenes de gobierno estatal y municipal. La Guardia Nacional (GN) es la avanzada que permite a la vez acelerar el proceso y normalizarlo en la percepción colectiva.

La toma de control operativo de la GN por parte de la SEDENA confirma más allá de toda duda que la decisión presidencial no tiene freno ni contrapeso alguno tiene; pero además deja en claro algo más: la militarización de la Seguridad Publica nacional, ya fluye sin sobresaltos, por igual para las fuerzas políticas y la sociedad en general.

Son entonces varias comprobaciones las que tenemos a la mano; primero, desde la interpretación del Ejecutivo Federal, los límites que el bloque de constitucionalidad impone a la intervención militar son irrelevantes. El titular de la SEDENA ha declado que sus funciones se fundamentan en la ley orgánica de la institución, desconociendo la validez superior del artículo 129 constitucional, según el cual “ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tienen exacta conexión con la disciplina militar ”.

Por su parte, el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han renunciado a ejercer sus funciones de contrapeso, fiscalización y control, de manera que, sin importar la reforma legal que venga o la nueva encomienda que el presidente asignado a las autoridades militares, en sustitución de las autoridades civiles, ni el poder legislativo ni el judicial usarán sus atribuciones para decir no.

Los partidos políticos de oposición tampoco dicen ni dirán no. No apoyarán las voces excepcionales que desde sus filas cuestionan la vía militar, para no enfrentar a las fuerzas armadas ni erosionar el apoyo popular que merecen, menos de cara al presidente en turno. La sociedad tampoco dirá no. Para mucha gente la vía militar merece la credibilidad que la policía jamás ha tenido, luego de décadas de documentarse la crisis policial desfondada en la inmensa mayoría del país. La inversión para debilitar a la policía ha sido tan eficiente que aún hoy decenas de miles de policías no están certificados para la función.

Pero la vía militar
ganadora tiene otros ingredientes. La prolongación de la impunidad viene haciendo también imposible construir credibilidad alguna sobre la investigación, persecución y sanción de los delitos, cuya responsabilidad es de las autoridades civiles de procuración e impartición de justicia.

Hay más. No se ha dado ni se dará la oportunidad a la prevención de las violencias como una política de Estado, siendo percibida ella como una respuesta débil, en contraste con la persistente popularidad de la mano dura. Y aquí se cierra la pinza: la oferta política y la demanda social convergen en la preferencia por dicha mano dura y son las Fuerzas Armadas las que mejor la representan.

Ya fueron redactadas varias propuestas de reformas constitucionales que liberarían a las autoridades militares de cualquier límite con respecto a su participación en la seguridad pública. Se ha aprobado. No sobria decir que justo ahora hay ejemplos locales que tienen el mayor aprendizaje acumulado para ir por la vía civil de la prevención y la reforma policial. Pero es demasiado tarde. No tendrán el apoyo político duradero porque nadie querrá enfrentar el embate del control militar.

Esta historia comenzó cuando, al resolver la primera acción de inconstitucionalidad en 1996, la Suprema Corte decidió que las Fuerzas Armadas podían auxiliares a las autoridades civiles en seguridad pública. De entonces a la fecha, la presidencia de la República ha sido ocupada por tres colores diferentes del espectro ideológico y sin embargo la vía militar solo ha progresado. La ruta está asegurada.

En todo este ciclo de 25 años hemos insistido públicamente que, de no modificarse la vía pública y las políticas terminaríamos justo aquí. Ahora afirmamos que el ciclo termina. Todo lo que hoy vemos es transicional. Solo falta un poco más de tiempo, asistimos al fin de la seguridad pública en vía civil.

Rodolfo Valverde Ocaña, abogado, expolicía experto en Seguridad Pública Tema: "Actualidad de la #Policía en #SeguridadPública"