En México, la libertad de expresión ha dejado de ser un derecho conquistado, para convertirse en un nuevo territorio en

disputa. Desde los micrófonos del poder se proclama respeto a la crítica, pero en el escritorio legislativo se redactan normas que pretenden acallar voces, silenciar disidencias y someter al pensamiento. La reciente aprobación de la llamada “Ley Mordaza” en Puebla y la amenaza de una “Ley Censura” planteada como una Reforma a la ley Federal de Comunicaciones propuesta en abril por la "presidenta" Claudia Sheinbaum, son los atropellos más recientes de un gobierno que, bajo el discurso de la protección, promueve la censura como política pública.

La Constitución mexicana, en su artículo 6°, es categórica: “La manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público”. Y sin embargo, la legislación impulsada en Puebla convierte en delito lo que es, en una democracia real, el oxígeno del debate público: la crítica, el sarcasmo, la indignación legítima. La reforma que tipifica el “ciberasedio” impone hasta tres años de prisión a quien, según criterios ambiguos, “ofenda” o “injurie” de forma reiterada en medios digitales. Habría que aclarar que será considerada una ofensa o una injuria ¿Qué es “ofender” en un país donde el poder ha hecho de la susceptibilidad un escudo? ¿Quién define el agravio cuando la fiscalía se convierte en juez moral? Y sobre todo esto, quien juzgará al gobierno que exhibe sistematicamente, persigue y ahora condenará a opositores y disidentes.

Lo más alarmante no es sólo el contenido, sino el contexto. Esta ley surge en un estado gobernado por MORENA, el mismo partido que en el Congreso Federal, comienza a explorar caminos similares para replicar el control del discurso en todo el país. No es coincidencia. Es estrategia. A falta de contrapesos efectivos, en redes y medios digitales, el oficialismo busca blindarse no sólo con mayorías legislativas a. modo, sino con herramientas legales para amordazar a quienes disienten. Por que no tienen límites para su ambición ni paciencia para soportar la crítica de los opositores y hoy ya no hay un Poder Judicial independiente que busque poner un alto a su cada vez mas descarado intento de instaurar una dictadura en todas sus dimensiones.

Puebla se convierte así en el laboratorio del autoritarismo digital. Lo que se presenta como una medida para proteger a víctimas de violencia en redes —objetivo que nadie discute— termina configurándose como un arma para intimidar a periodistas, activistas y ciudadanos críticos. La Sociedad Interamericana de Prensa, Los partidos políticos de oposición, en particular el PRI y múltiples voces de la sociedad civil han levantado la voz. Pero desde el poder, sólo hay sordera o condescendencia. Se ofrecen “foros” como la tomada de pelo que llevo a cabo el Gobernador Armenta, que no modifican ni una coma del dictamen aprobado, simplemente se simula apertura, mientras se consuma el cerco a la libertad de expresión.

Más preocupante aún es que este claro intento de represión no se limita al ámbito estatal. A nivel federal, los tentáculos de la censura se extienden bajo otros nombres: propuestas para bloquear plataformas, redes, criminalizar contenidos digitales y otorgar a instituciones gubernamentales la facultad de decidir qué se puede o no decir.

Se construye, paso a paso, un Estado vigilante, donde el ciudadano debe pensarse dos veces antes de opinar, de denunciar, de cuestionar, donde ejercer la libertad de expresión puede llegar a significar enfrentar un proceso penal o administrativo. Donde la mordaza es impuesta con decretos.

Y mientras tanto, la narrativa oficial se regodea en la contradicción: el gobierno que dice representar al pueblo, que asegura defender a los más vulnerables, es el que legisla contra el derecho fundamental de expresar lo que se piensa. Porque oiganlo bien bancadas de legisladores advenedizos y sin principios morales, no hay democracia sin palabra libre. No hay república si la crítica se convierte en delito, cuando el miedo se instala en el teclado o en el micrófono. Lo que en efecto habrá es una dictadura que terminara por devorarlos a ustedes tambén, disolviendo congresos y quitandoles sus tan apreciados privilegios.

México no necesita leyes para callar a los ciudadanos, sino instituciones para escuchar y responder con responsabilidad. La crítica no debilita al Estado, lo fortalece. La disidencia no es un ataque, es una contribución al bien público y éste público… "el pueblo" al que tanto presumen dirigirse, somos todos los mexicanos, no solo aquellos que se visten con sus colores y cobran sus dádivas, no es un 38% que al llegar a las urnas el mes pasado, se le diluyo a menos de un 13% "presidenta", sino los otros 70 millones de mexicanos que no votamos por ustedes y a los que está apretando de más, vale la pena que le recuerde aquí la frase de Voltaire:

 “Puedo no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho de expresarlo”

 Sólo el poder inseguro teme a las palabras. Sólo el régimen, que se sabe ilegítimo, que se siente frágil, busca convertir la libertad en delito.

Y hoy, con estas leyes, México da un paso hacia el abismo del autoritarismo institucionalizado. Un paso que, si no se revierte, marcará el principio del fin de nuestra vida democrática. Porque cuando se pierde la palabra, todo lo demás es silencio.

Alejandra Del Río

@alejandra05

@aledelrio1111

Presidenta de PR Lab México, Catarte y Art Now México, ha escrito columnas sobre política, arte y sociales en muchos de los medios más reconocidos del país, particularmente en el Heraldo de México, El Punto Crítico y en el Digitallpost. Ha participado en numerosos proyectos de radio a lo largo de 20 años, hoy además dirige el podcast Fifty and Fabulous en Spotify.