En política mexicana hay algo peor que equivocarse, tener razón antes que todos. Porque quien advierte primero

suele ser ridiculizado, descalificado acusado de exagerar ó perseguido. Eso ocurrió con Alejandro Moreno Cárdenas dirigente del PRI cuando comenzó a denunciar, dentro y fuera de México, la peligrosa relación entre sectores del poder político y las estructuras criminales que han convertido regiones enteras del país en territorios sometidos por el miedo.

 Alito vió claro hacia donde se estaba dirigiendo el destino de nuestro país, dió cara a la reforma judicial, a la electoral y armó las denuncias a los miembros de lo que antes que nadie llamo el “Cartel de Macuspana” en el que acuso de Andrés Manuel para abajo a medio Morena, incluyendo a Adán Augusto por la Barredora, a Rocha Moya, a Américo Villarreal y a los huachicoleros de la Marina, llevó estas denuncias no solo a tribunales en México, sabiendo de sobra que en nuestro país se desecharía toda denuncia a morenistas, se fué con ellas (mas de un año antes de que Romero del PAN saliera a decir que iba a denunciar internacionalmente) a los mas importantes organismos internacionales, a Washington, donde se ha reunido con los mas importantes congresistas, a la Corte Penal Internacional en la Haya, se reunio con Antonio Guterres Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra, el Parlamento Europeo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, el PARLACEN, el Parlamento Europeo, el Parlatino el ICAAP en Asia y en el CAF de Africa y salió a los medios a advertir a los mexicanos que el Gobierno no era otra cosa, más que un cartel de cúpula del crimen organizado.
Desde el oficialismo lo acusaron de “Traidor a la Patria”, lo comenzaron a perseguir le incautaron bienes de su familia, quisieron revivir acusaciones de las que ya había sido plenamente exonerado y trataron de quitarle el fuero en el Senado, lo acusaron de querer desprestigiar a México ante el extranjero, de vende patrias y de todo lo que se pudieron inventar para distraer a la opinión pública. Pero mientras Morena intentaba reducir todo a un pleito partidista, en Estados Unidos las cosas comenzaban a moverse en serio. Investigaciones federales, expedientes abiertos, presión diplomática, cooperación de agencias de inteligencia y advertencias provenientes de grandes jurados estadounidenses empezaron a colocar el nombre de Sinaloa —y de figuras políticas mexicanas— en el centro de una crisis binacional sin precedentes.
Hoy, el tema ya no vive solamente en la narrativa de la oposición. Vive en las oficinas del Departamento de Justicia, en los reportes de inteligencia, en los expedientes de agencias norteamericanas y en las conversaciones diplomáticas que el gobierno mexicano intenta minimizar mientras la presión internacional aumenta. Lo que Alejandro Moreno denunció hace meses dejó de ser discurso político para convertirse en una preocupación de seguridad continental.
Y hay que decirlo con claridad: ningún dirigente nacional de oposición llevó el tema tan lejos como él. Mientras otros partidos optaron por la tibieza, el cálculo o el silencio cómodo, Moreno decidió internacionalizar la discusión. Denunció públicamente la presunta protección política al crimen organizado, habló de un “narcogobierno autoritario”, pidió que se investigaran los vínculos entre funcionarios y grupos criminales y advirtió que Morena podía enfrentar consecuencias jurídicas y políticas de enorme magnitud si las acusaciones se confirmaban.
Y mientras la Presidenta se burlaba en las mañaneras, los hechos comenzaron a alcanzarlo todo. La crisis de Sinaloa, con sus casi 2 años ya de franca guerra interna entre carteles, y las acusaciones del gobierno norteamericano a 10 funcionarios del gobierno sinaloense, incluyendo al ahora “Gobernador con licencia” y al Senador por Badiraguato, se convirtió en el símbolo más visible del deterioro institucional mexicano. La violencia fuera de control, las sospechas sobre funcionarios, las pugnas internas, las presiones de Washington y las fracturas políticas evidenciaron algo mucho más profundo: la incapacidad del Estado mexicano para contener la infiltración criminal en la vida pública.
Y mientras eso ocurre, el gobierno federal responde con distractores, discursos ideológicos y una narrativa nacionalista cada vez más desconectada de la realidad. Se intenta vender la idea de una “defensa de la soberanía” cuando en realidad lo que existe es un temor creciente a que las investigaciones estadounidenses escalen hasta tocar estructuras políticas más amplias, cuando todos sabemos que siguen Américo, Marina y en una de esas, si le siguen dando lata a los vecinos con sus gritos desaforados matutinos hasta “El Andy”. Porque cuando Estados Unidos empieza a construir expedientes contra políticos latinoamericanos, rara vez se detiene en un solo nombre.
La historia reciente de América Latina demuestra que las investigaciones por narcotráfico y corrupción política suelen avanzar como ondas expansivas. Funcionarios, empresarios, operadores financieros, campañas electorales y redes completas terminan bajo escrutinio internacional. Y México, por desgracia, ya comenzó a entrar en esa lógica.
En ese escenario, “Alito” Moreno ha logrado posicionarse como el opositor que decidió empujar frontalmente el problema cuando muchos todavía buscaban no incomodar al poder. Su discurso puede no gustar, puede polarizar y puede generar rechazo entre sus adversarios, pero hoy resulta imposible negar que fue uno de los primeros actores políticos en advertir que la relación entre crimen organizado y poder político terminaría convirtiéndose en un conflicto internacional.
La verdadera pregunta hoy, es cuántos nombres más aparecerán en las listas que se preparan del otro lado de la frontera.
Porque cuando los grandes jurados estadounidenses comienzan a mirar hacia México, la tormenta apenas empieza.