La narrativa oficial comienza a derrumbarse no por las declaraciones de la oposición, los comunicados americanos,

ni por los discursos encendidos en redes sociales, sino por el peso insoportable de los hechos. Porque llega un momento en que las negaciones y las 200 veces que ha pedido ¡Pruebas-Pruebas-Pruebas! Claudia Sheinbaum, la hacen parecer ya hasta ridícula, cuando el argumento se le viene públicamente abajo y los propios funcionarios que defiende vehementemente se entregan a las fiscalias norteamericanas, ¿Más pruebas contra Rocha Moya que se hayan entregado Enrique Alfonso Díaz Vega su operador financiero y su ex Secretario de Seguridad Gerardo Mérida? Estas entregas voluntarias, hacen de sus mañaneras una farsa, dejan de ser una estrategia política y se convierten simplemente en un acto de cinismo frente a la realidad, en un engaño insostenible.

 ¿Cuántas pruebas necesita ya el gobierno federal para aceptar que la crisis de Sinaloa dejó hace mucho de ser un problema aislado de violencia y se transformó en una sospecha internacional de infiltración criminal dentro de las estructuras del poder político morenista? ¿Cuántos funcionarios más tienen que aparecer vinculados, investigados, señalados o entregándose voluntariamente antes de que desde Palacio Nacional se deje de repetir, casi como mantra propagandístico, que “no hay pruebas” Perdón doña Claudia, pero un funcionario inocente no tendría por que entregarse a la misma fiscalía que hoy tiene a Maduro y al Mencho.
Y mientras tanto, la narrativa Morenista insiste en negar lo evidente, como si repetir una frase doscientas veces pudiera borrar la gravedad de lo que está ocurriendo. El problema para Morena es que esta crisis ya no se mueve únicamente en el terreno de la percepción política mexicana. Estados Unidos ha endurecido su postura frente al narcotráfico y sus redes de protección política. Las agencias de inteligencia estadounidenses llevan años documentando rutas financieras, estructuras de lavado, vínculos empresariales y presuntas redes de protección institucional. Y cuando Washington comienza a moverse, rara vez lo hace sin expedientes sólidos detrás.

La tragedia para México es que el gobierno parece más preocupado por defender políticamente a sus cuadros que por limpiar las instituciones. Cada vez que la Presidenta sale a minimizar las acusaciones, el mensaje que envía al exterior es devastador: el poder protege al poder, aunque el país se incendie alrededor.
Sinaloa vive una crisis brutal. Meses de violencia, ejecuciones, desapariciones, desplazamientos y un deterioro económico alarmante. Las familias viven atrapadas entre el miedo y la incertidumbre mientras desde el centro del país se intenta construir una realidad paralela donde todo está bajo control y donde cualquier señalamiento forma parte de una conspiración “conservadora” o de un acto intervencionista contra nuestra Soberanía.
Pero la realidad siempre termina alcanzando a los gobiernos. Y cuando los propios personajes vinculados al sistema comienzan a caer, a entregarse o a ser investigados, sostener la narrativa de inocencia absoluta se vuelve un suicidio político. Perspicacias aparte, lo gran preocupación de quienes entendemos de Política es ¿Cuál es el verdadero miedo de este gobierno a entregar a políticos vinculados con el narco? ¿Que les saben?, ¿Por qué prefieren seguir deteriorando la relación con el Gobierno de los Estados Unidos, antes de entregar a un Gobernador que a todas luces hizo fraude electoral, protegió y permitió el libre transito y la producción de drogas en su estado?, la Presidenta de México esta arriesgando mucho en este trance y a nadie le conviene sacar de sus casillas a Trump y enfrentarse a sus sanciones económicas y a sus acciones inesperadas.
Porque aquí ya no hablamos de rumores de redes sociales. Hablamos de investigaciones internacionales, de acusaciones ante el gran jurado norteamericano e incluso de congelamiento de cuentas por parte de su propia Unidad de Inteligencia Financiera, se trata de defender a un estado entero atrapado en una espiral de violencia que amenaza con convertirse en el símbolo más oscuro del fracaso de la llamada 4a transformación, pero ni así se atreven a detener a Rocha.
La pregunta ya no es si existen pruebas. La pregunta es cuánto tiempo más resistirá el gobierno federal antes de aceptar que el problema lo tiene sentado dentro de casa y comiendo en su mesa.