Mientras Morena insiste en presentarse como el gran reformador de la democracia mexicana, la realidad vuelve

a imponerse sobre el discurso. Lo aprobado esta semana en la Cámara de Diputados deja al descubierto tres contradicciones profundas que no sólo evidencian las verdaderas prioridades del régimen, sino que anticipan los riesgos que enfrentará el país rumbo a las elecciones de 2027, no es cosa menor, están llevando a México al borde del precipicio.
La primera alerta roja es tan evidente como preocupante. La reforma contempla la posibilidad de anular elecciones cuando exista intervención extranjera en los procesos electorales. En principio, nadie podría oponerse a proteger la soberanía nacional. Sin embargo, resulta imposible ignorar la enorme omisión: se sanciona una amenaza hipotética, sin marcar límites a este nuevo mecanismo de control; mientras se evade deliberadamente la amenaza real que ha contaminado elecciones completas en diversas regiones del país, el evidente “Narcofinanciamiento”.

 Morena parece estar más preocupada por un fantasma extranjero que por la presencia documentada del crimen organizado dentro de las campañas electorales mexicanas. Durante los últimos procesos electorales hemos visto candidatos asesinados, aspirantes secuestrados, operadores políticos amenazados, comunidades enteras intimidadas y estructuras criminales movilizando votantes. Nada de eso fue incorporado con la misma contundencia en la reforma. La intromisión extranjera amerita nulidad electoral; la intervención de los cárteles, evidentemente no —Son tontos pero no tanto—

La segunda alerta roja surge de la creación de una comisión destinada a revisar antecedentes criminales de quienes aspiren a cargos de elección popular. Nuevamente, la intención parece positiva. Nadie puede estar en contra de evitar que delincuentes lleguen a cargos públicos.
Pero la pregunta fundamental permanece sin respuesta: ¿de qué sirve revisar expedientes si durante las campañas el crimen organizado sigue teniendo capacidad para decidir quién compite, quién renuncia, quién gana y quién pierde? Pero encima de esto… como quien tiene la calidad moral en Morena para decir quién si y quien no compite.

La reforma se concentra en el individuo, pero ignora al sistema criminal que opera alrededor de los procesos electorales. No existe una estrategia para impedir que grupos delictivos financien campañas, movilicen estructuras electorales, amenacen funcionarios de casilla o ejerzan control territorial sobre municipios completos.
Es una medicina diseñada para tratar los síntomas mientras se deja intacta la enfermedad.
Y quizá el punto más delicado de todos se aprobó prácticamente de última hora.
Mientras Morena ha construido durante años un discurso de supuesta renovación y limpieza institucional del Poder Judicial, la reforma abre la puerta para que magistrados electorales puedan permanecer en sus cargos hasta 2033 (leyeron bien.. 2033) mediante mecanismos de reelección y ampliación de permanencia.
En algunos casos, esto podría significar hasta dieciocho años ocupando posiciones estratégicas dentro del Tribunal Electoral.
La contradicción es monumental. Por un lado, se justificó la demolición del Poder Judicial bajo el argumento de combatir élites enquistadas y estructuras permanentes de poder. Por otro, se crea una vía para consolidar justamente lo que se decía combatir: funcionarios electorales con permanencias extraordinarias y con incentivos políticos evidentes para alinearse con quienes controlan las mayorías legislativas.
La oposición no tardó en reaccionar.
El PRI, a través de diversos legisladores de su Presidente
Alejandro Moreno y de su coordinador en el Senado, ha señalado que la reforma evade el principal problema que enfrentan actualmente los procesos electorales mexicanos: la captura territorial ejercida por el crimen organizado. Los priistas sostienen que no puede hablarse de elecciones libres mientras amplias regiones del país operan bajo esquemas de intimidación criminal.
Por su parte, el PAN ha advertido que la ampliación de permanencia de magistrados electorales representa un intento de colonización política del Tribunal Electoral, debilitando la independencia que debería caracterizar al árbitro de las disputas democráticas.
Ambos partidos coinciden en un punto esencial: la reforma presume blindar la democracia, pero evita enfrentar los factores que verdaderamente la amenazan.
Lo que Morena aprobó no es una reforma para proteger las elecciones futuras. Es una reforma diseñada para controlar las instituciones encargadas de calificarlas.
La paradoja es brutal. Se legisla contra enemigos imaginarios externos mientras se ignora al enemigo que está omnipresente dentro. Se crean filtros burocráticos para aspirantes mientras se deja intacta la maquinaria criminal que condiciona campañas completas. Y se habla de depuración institucional mientras se construyen mecanismos para prolongar el control político sobre órganos electorales estratégicos.
México no enfrenta hoy una crisis por intervención extranjera. Enfrenta una crisis de penetración criminal en amplias zonas de su territorio.
Si el Estado sigue negándose a reconocerlo, las elecciones de 2027 podrían convertirse nuevamente en una disputa donde los ciudadanos voten, pero otros decidan.
Y esa es, precisamente, la amenaza que esta reforma decidió no ver.
Alejandra Del Río
Directora General
PR Lab México
Presidenta
Mujeres en el Poder
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