Otro ataque a la Libertad de Expresión estrenándose con Alito Moreno. 

Las democracias no empiezan a morir cuando se cierran los periódicos. Empiezan a debilitarse cuando el poder decide cuáles palabras pueden pronunciarse y cuáles deben desaparecer del espacio público.

La resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral para ordenar el retiro de publicaciones de Alejandro Moreno, por haber denominado a MORENA “Narcopartido”, trasciende con mucho la disputa entre un dirigente opositor y el partido gobernante. (Sin importar el adjetivo utilizado, con el que un gran sector de la población, priístas o no, estamos de acuerdo), se esta interviniendo directamente en el contenido de su discurso político, se está limitando la libertad de expresión de un ciudadano mexicano y se está marcando un precedente a través de una autoridad administrativa que no se puede leer mas que como censura.

La democracia vive del debate, incluso del debate incómodo. Las campañas electorales, los liderazgos y la vida pública están construidos sobre el contraste de ideas, las críticas severas y, en ocasiones, la retórica más dura. Pretender que la autoridad electoral funcione como un árbitro del lenguaje abre una puerta que difícilmente podrá cerrarse después.

Porque hoy se elimina una expresión utilizada por un dirigente de oposición. Mañana podría eliminarse una investigación periodística, después, una columna de opinión, más tarde, una denuncia ciudadana. Cuando el Estado adquiere la facultad de decidir qué calificativos son aceptables en la discusión pública, la frontera entre la regulación y la censura comienza a desdibujarse.

No se trata de compartir o no el calificativo empleado por Alejandro Moreno. Ese es un debate político que corresponde a la ciudadanía valorar de acuerdo a las evidencias que sin duda se están presentando todos los días en medios sobre la coalición del narco con las autoridades federales y estatales, para muestra baste Sinaloa. Lo que sí corresponde analizar es si una institución administrativa debe convertirse en juez del discurso político, antes de que exista una resolución judicial definitiva sobre los hechos que motivan esa crítica.

Las democracias liberales se construyeron precisamente sobre el principio contrario: permitir incluso las expresiones más incómodas, siempre que no constituyan delitos claramente establecidos por la ley. La libertad de expresión no fue diseñada para proteger las opiniones populares; fue creada para proteger aquellas que incomodan al poder.

Resulta inevitable preguntarse si México está entrando, poco a poco, en una etapa donde el lenguaje comienza a regularse desde las instituciones. No mediante la censura abierta de otros tiempos, sino a través de resoluciones administrativas que ordenan bajar publicaciones, retirar mensajes y modificar el contenido del debate público, por que incomoda al partido en el poder.

Las leyes de censura rara vez llegan anunciándose como tales. Generalmente aparecen disfrazadas en conceptos aparentemente nobles: combatir la desinformación, proteger derechos, garantizar la equidad o evitar discursos considerados excesivos. Sin embargo, cuando su aplicación termina restringiendo la crítica política dirigida al gobierno o al partido en el poder, la preocupación deja de ser jurídica para convertirse en democrática.

La historia ofrece suficientes ejemplos de gobiernos que comenzaron controlando el lenguaje antes de intentar controlar la conversación pública. Ningún régimen autoritario inició prohibiendo todas las voces de un día para otro; el proceso casi siempre fue gradual, justificando cada restricción como una medida excepcional.

México atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente en materia de violencia, seguridad y polarización política. En ese contexto, la discusión pública necesita más libertad, no menos. Necesita más argumentos, más investigaciones y más capacidad para cuestionar al poder, cualquiera que éste sea.

Si un calificativo resulta falso o lesiona derechos, existen mecanismos legales para debatirlo y resolverlo conforme al Estado de derecho. Pero convertir a las autoridades electorales en administradoras del vocabulario político representa un cambio profundamente negativo en la relación entre el poder y los ciudadanos.

Lo que mas preocupa es si se controla el lenguaje de opositores, a través de los mecanismos del gobierno quien va a controlar al gobierno y a su partido, por que yo no veo a nadie que judicialice, ataque o haga borrar mañaneras enteras donde se ataca descaradamente a opositores, periodistas y diletantes ó (para que me entienda Noroña y otros incultos cuatroteros), ciudadanos de a pie que utilizamos las redes y expresamos nuestras opiniones en los términos que nos da la gana, a ellos no habrá nadie que les intrvenga su discurso político, que les haga bajar sus opiniones de redes, ni les censuren palabras, baste ver la recua de insultos que dirige el diputado Arturo Avila sin fundamento y de manera grosera y grotesca a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, si el INE tiene el poder de censurar a Alito Moreno, ¿Por qué no censura también al diputado Avila?

La fortaleza de una democracia no se mide por la cantidad de publicaciones que logra retirar de las redes sociales. Se mide por su capacidad para tolerar la crítica, incluso cuando ésta resulta incómoda o excesiva.

Porque cuando las instituciones empiezan a borrar palabras, tarde o temprano terminan intentando borrar ideas.Y ese ha sido, históricamente, el primer capítulo de todas las censuras, que apuntalan una Dictadura.

 

Alejandra Del Río

@alejandra05 @aledelrio1111

Presidenta de PR Lab México, Catarte y Art Now México, ha escrito columnas sobre política, arte y sociales en muchos de los medios más reconocidos del país, particularmente en el Heraldo de México, El Punto Crítico y en el Digitallpost. Ha participado en numerosos proyectos de radio a lo largo de 20 años, hoy además dirige el podcast Fifty and Fabulous en Spotify.