Amanecimos con la noticia de que desde Palacio Nacional se elaboraron listas, no de políticos coludidos con los delincuentes,

ni de responsables de la violencia o funcionarios señalados por corrupción, sino de periodistas, medios de comunicación, políticos opositores y ciudadanos que cuestionan al gobierno.

Durante la conferencia denominada “Derecho de Réplica”, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, presentó los resultados de un monitoreo realizado durante siete meses sobre publicaciones críticas a la administración de Claudia Sheinbaum, ya sabíamos que Luisa había pasado de ser la Presidenta del partido en el poder, a la poco honrosa posición que le heredó Liz Vilchis en las mañaneras de AMLO (Se acuerdan de aquel segmento de “Quien es quien en las mentiras de la semana”) donde calumniaban, atacaban y exhibían a gusto a los detractores de López Obrador.
Pues cuando todos pensabamos que no pordía caer más bajo, la señora Alcalde presentó una verdadera “Lista Negra” de opositores, en la que organizó a los señalados en diferentes categorías. En una primera “capa” colocó a medios, periodistas y comentaristas, atribuyéndoles la función de “originar y legitimar” determinados mensajesen contra del gobierno; En la segunda agrupó a figuras públicas y políticos de oposición que, según la presentación, los “retoman, respaldan y politizan”. Una tercera fue denominada directamente “cuentas de ataque”, mientras que una cuarta estaría integrada por perfiles encargados de amplificar las publicaciones.
En la muy desarrollada imaginación de la consejera, TODA la oposición se pone de acuerdo para diseñar, lanzar, retomar, apoyar y viralizar los mismos mensajes, al mejor estilo de un Politburó, donde lo más risorio es justo que se pongan de acuerdo, imaginense una reunión en lo oscurito de Felipe Calderón, Alito Moreno, Maynez, Jorge Romero, Vicente Fox, Acosta Naranjo, Ricardo Salinas, Margarita Zavala, Alessandra Rojo de la Vega y otros 25 políticos, mas los comunicadores mas importantes del país, mas los tuiteros estrella, todos agarraditos de la mano, donde no acabaran literal sacandose los ojos, si no se logran poner de acuerdo ni para sacar candidatos de coalición rumbo a las elecciones del 2027, imaginenselos coordinando un aparato como ese.
De acuerdo con la información expuesta, el monitoreo identificó 54 cuentas relacionadas con medios y comentaristas, 32 pertenecientes a figuras políticas, 34 calificadas como cuentas de ataque y más de 560 mil perfiles considerados parte del mecanismo de amplificación.
No se trató, por tanto, de una respuesta puntual a una noticia falsa ni de la aclaración de un dato concreto. Fue la clasificación pública de quienes critican al gobierno, presentada desde uno de los espacios de mayor poder político y mediático del país, vulnerando nuevamente a ciudadanos mexicanos en vivo y en directo.
En las listas aparecieron además de los políticos citados medios como El Universal, Reforma, Latinus y Aristegui Noticias; periodistas y analistas como Carlos Loret de Mola, Denise Dresser, Ciro Gómez Leyva, Sergio Sarmiento, Héctor de Mauleón, Manuel López San Martín,Víctor Trujillo y hasta Chumel Torres.
La pregunta es inevitable: ¿qué mensaje recibe un ciudadano común cuando observa que el gobierno monitorea, clasifica, denosta y exhibe públicamente a quienes expresan opiniones contrarias?
La respuesta también es evidente y viene en forma de amenaza pública, el poder los observa.
Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, quien debe de estar quitándole verdaderamente el sueño a las vecinas de oficina de Palacio Nacional, por que aparecio en el honroso primer lugar de los enemigos del régimen, calificó el ejercicio como un mensaje de intimidación y advirtió que el aparato del Estado no debe utilizarse para ajustar cuentas con los ciudadanos. La postura del PRI fue contundente: desde Palacio Nacional se está colocando una diana sobre quienes se atreven a pensar distinto.
Alessandra Rojo de la Vega respondió que para ella era “un honor” aparecer en la lista. Rubén Moreira comparó estas listas con prácticas de regímenes autoritarios. Guadalupe Acosta Naranjo ironizó sobre su inclusión en lo que llamó “la lista negra del gobierno”, mientras que el expresidente Felipe Calderón agradeció sarcásticamente al “partido-gobierno” por seguir teniéndolo presente.
Periodistas y comunicadores también rechazaron la insinuación de formar parte de una red coordinada contra el gobierno. Denise Dresser cuestionó que desde el poder se elaboren listas de comunicadores incómodos; Sergio Sarmiento señaló que el oficialismo intenta convertir a los periodistas críticos en villanos, Carmen Aristegui, comparó estas listas con las que hacia la Gestapo en tiempo del nazismo y Manuel López San Martín sostuvo que el régimen mostró nuevamente su verdadera cara.
Pero existe una contradicción todavía más grave, en octubre de 2021, cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum condenó públicamente la elaboración de listas de adversarios políticos. Entonces afirmó: “¿Quién hace listas? El macartismo, el nazismo. Ellos son los que hacían listas”, también habló de “amenazas implícitas” y sostuvo que su movimiento abría el debate sin perseguir a nadie. Cinco años después, su gobierno presenta desde Palacio Nacional una clasificación con nombres, medios y cuentas de ciudadanos críticos. Aquello que antes calificaba como una práctica autoritaria hoy se justifica como un supuesto ejercicio de derecho de réplica, esa contradicción no puede pasar inadvertida.
Todo gobierno tiene derecho a defender sus decisiones, aclarar información falsa y responder a cuestionamientos. Lo que no debe hacer es emplear los recursos, la tribuna y la enorme capacidad de comunicación del Estado para estigmatizar a sus adversarios.
El derecho de réplica sirve para corregir datos concretos. No concede una licencia para investigar ideológicamente a los críticos, construir mapas de oposición o sugerir que periodistas, políticos y ciudadanos forman parte de una conspiración por el solo hecho de compartir cuestionamientos al poder, que por lo visto le estan calando fuerte a la 4T.
Si el gobierno sostiene que existe una operación coordinada, debe presentar una metodología verificable, explicar quién realizó el monitoreo, cuánto costó, qué recursos públicos fueron utilizados y cuáles son las pruebas que permiten diferenciar una acción automatizada de la coincidencia legítima entre miles de ciudadanos inconformes.
La Constitución protege la libertad de expresión y el derecho a difundir ideas. Además, los funcionarios públicos les guste o no, están sujetos a un grado mayor de escrutinio y deben mostrar una tolerancia más amplia frente a la crítica. Quien administra recursos públicos y toma decisiones que afectan a millones de personas no puede exigir inmunidad frente al cuestionamiento ciudadano.
En un país donde periodistas, activistas y defensores de derechos humanos enfrentan amenazas y agresiones, exhibirlos desde la tribuna presidencial no es un acto inocuo. Colocarlos públicamente en la categoría de atacantes, enemigos o integrantes de una red puede aumentar su vulnerabilidad y provocar un efecto inhibidor sobre otras voces, o al menos eso es lo que Luisa Alcalde parece desear.
No hace falta ordenar formalmente la censura cuando se consigue que las personas comiencen a tener miedo, la democracia no consiste en permitir que la oposición hable para después marcarla con letra escarlata desde Palacio Nacional. Tampoco puede reducirse a defender la libertad de expresión únicamente cuando favorece al gobierno.
La verdadera prueba democrática aparece cuando se tolera la crítica incómoda, la investigación que cuestiona y la opinión que contradice.
La libertad de expresión pertenece a todos: periodistas, opositores, simpatizantes del gobierno y ciudadanos sin militancia.Porque las listas cambian. Hoy contienen nombres de adversarios políticos; mañana podrían incluir a organizaciones civiles, académicos, empresarios, artistas o cualquier ciudadano que se atreva a disentir.
El poder democrático responde con argumentos. El poder autoritario clasifica, estigmatiza, exhibe y persigue.
México no necesita un gobierno que lleve un registro de sus críticos. Necesita instituciones que persigan delincuentes, investiguen la corrupción y protejan a quienes ejercen su derecho a hablar.
La libertad de expresión se defiende. No se vigila, no se castiga y no se convierte en una lista, el calculo les salió mal a Claudia y a Luisa, lejos de amedrentarnos nos dió a políticos, comunicadores, periodistas, y a los ciudadanos que leemos, analizamos, pensamos y publicamos en redes, la mejor oportunidad de demostrarles que no les tenemos miedo, nos dieron la prueba de que el gobierno de Claudia Sheinbaum es autoritario y dictatorial y la certeza de que hay una gran oportunidad de ganarles y sacarlos del gobierno en el 2027, sino fuera así no estarían tan interesados en silenciarnos.