La Real Academia Española define al autoritarismo como la actitud de quien ejerce con

 exceso su autoridad o abusa de ella; y al régimen o sistema autoritario. ¿Algunos o todos de estos adjetivos podrían identificar al gobierno actual?

Solo que tuviéramos una venda en los ojos como la justicia no podríamos darnos cuenta que el gobierno actual ha quebrantado todo aquello que en campaña y en mítines criticó y juró erradicar.

Aunque podríamos hablar y escribir largo y tendido sobre lo que ha provocado el reciclaje de candidatos y servidores públicos a lo largo de nuestra historia mexicana, no nos alcanzaría este espacio para hacer una análisis a fondo y acucioso como se merece; esto sin tocar fibras sensibles de muchas personas, incluso de aquellos que hoy critican el ejercicio del poder aún y cuando en su momento fueron iguales cuando detentaban el poder.

Lo que leeremos a continuación, demostrará en cierta forma que la persona que es candidato o aspirante a obtener un cargo de elección popular no siempre nos dice la verdad, y que promete cosas que no podrá cumplir o que simplemente no esta en sus proyectos personales cumplir o que no esta dentro de sus planes de poder hacerlo.

Recordemos que muchos políticos y, parte de la sociedad estuvieron radicalmente en contra de que el entonces presidente de México, Felipe Calderón declarara la guerra contra el narcotráfico, y con ello ordenara a las fuerzas armadas, encargadas de defender la soberanía nacional y entrenados para matar a los enemigos de la nación, externos e internos, a que hiciera labores de seguridad.

Claro que fue una decisión radical, y que ¿si fue conveniente o no en ese momento?, la propia historia se ha encargado de aclarar esa interrogante, pero no quiero distraer la atención en este momento con ese tema que ya se ha ahondado de manera exhaustiva, pero si quiero reafirmar que el actual titular del ejecutivo con los políticos que siempre ha traído en la bolsa, y que lo han seguido ciegamente, desde aquel entonces se habían manifestado inconformes con la idea de que el ejercito salga a las calles para desplegar labores de seguridad pública, funciones que solo corresponde a las policías encargadas de la seguridad en el país.

De hecho, los vemos en fotos con carteles manifestando su inconformidad y la ilegalidad de poner al ejercito en las calles.

En las promesas de campaña, una de las banderas de democracia que utilizaron los candidatos del partido político de la Esperanza, es sacar a las fuerzas armadas de las calles y devolverlos a sus cuarteles para que cumplieran con las funciones que constitucionalmente les son encomendadas, y dejaran de transgredir la Carta Magna que juraron defender.

Además, prometió y vendió la idea de una corporación policíaca limpia, capacitada, libre de toda corrupción y abuso del poder, ya que a partir de que las fuerzas armadas salieron a la calle a ejercer labores de seguridad pública con su entrenamiento letal, empezaron a coleccionar quejas por violaciones a derechos humanos en contra de los ciudadanos mexicanos, incluso ameritaron informes y recomendaciones por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas.

Lo que es más, la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a las violaciones reiteradas de las fuerzas armadas, determinó que cualquier violación a derechos humanos o cualquier delito cometido por las fuerzas armadas en agravio de civiles, lo conocerían las autoridades civiles y no las militares, como en un principio se hacía para proteger la imagen y ocultar las conductas ilegales de los elementos de las fuerzas armadas.

Es el caso, que cuando llega el actual titular del Ejecutivo Federal casi de inmediato y con la ambición desmedida de imponer su voluntad, mando al H. Congreso de la Unión, más bien le ordenó reformaran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear la Guardia Nacional, y sepultar jurídicamente la Secretaría de Seguridad Pública Federal y por supuesto, la Policía Federal.

Ordenando el líder del Ejecutivo Federal que la Guardia Nacional se integre por elementos de las fuerzas armadas y de aquellos que pertenecían a la ya fracturada Policía Federal, lo que trajo consigo inconformidades de las autoridades civiles, ya que fueron despedidos de manera ilegal, tal vez para dejar libre los puestos para sus allegados.

Pero todo va más allá, primero porque no regresaron a las fuerzas armadas a sus cuarteles, sino los invistieron de legalidad y sanearlos como las insignias de “GN” Guardia Nacional, ello implicó obviamente una lucha de poderes entre las autoridades civiles y militares, sin dejar de mencionar las condiciones precarias de infraestructura, uniformes y armamento que hasta la fecha siguen padeciendo los elementos de esta recién creada corporación.

Tal pareciera que al pueblo se le cambio oro por espejos, porque la Guardia Nacional ha estado envuelta en problemas internos, laborales, penales y administrativos, hasta el grado de que varios medios de comunicación han documentado que elementos de dicha corporación se han visto envueltos en hechos de corrupción alrededor de todo el país.

Es evidente que la Guardia Nacional lejos de cumplir una función de seguridad pública, que sirva y proteja a la sociedad, se creó como un elefante blanco que no ha servido más que para generar conflicto entre instituciones, en enviar al campo de fuego a elementos no preparados y sin capacidad de fuego a luchar contra el crimen, lo que trae consigo muertes, corrupción e impunidad en la persecución del delito.

Ese intento fallido de corporación provocó, que mientras el pueblo esta enfocado en las notas del coronavirus y ver la forma en como subsistir de esta pandemia que ha dejado millones de perdidas de empleos y miles de vidas perdidas, obsequió de los gobiernos; el Poder Ejecutivo ordenó, eso si sin consulta pública, mediante decreto el pasado once de mayo de dos mil veinte, la decisión de que se mantuvieran las fuerzas armadas en las calles haciendo labores de seguridad pública, quebrantando sus promesas de campaña y reiterando la orden presidencial de Felipe Calderón.

Entonces hay que preguntarnos, de que rayos sirvió destrozar toda una dependencia, Secretaría de Seguridad Pública Federal y Policía Federal, que bien o mal eran funcionales, para alcanzar un sueño presidencial de tener su Guardia Nacional. Solo se le ha invertido tiempo y dinero, a un proyecto que se apetecía un fracaso de este sexenio.

Una vez más se demuestra que nada de lo que vivimos en los sexenios pasados ha cambiado, por el contrario se están tomando decisiones gubernamentales que lejos de beneficiar a la sociedad la perjudican; haciendo una malversación de recursos para satisfacer los sueños de un hombre que no tienen un propósito definido y un rumbo para mejorar la situación del país.

Seguiremos viendo entonces, aumentar los casos de violaciones a derechos humanos y delitos cometidos por las fuerzas armadas; y seguir manteniendo un elefante blanco denominado Guardia nacional, por que una vez que se emite un decreto de esa naturaleza lleva implícito que esa corporación no esta cumpliendo los propósitos para los que fue creada.

Esto nos lleva a creer que un gobierno, pese a que no tiene una idea clara y objetiva de los proyectos de estado, vulnera la Constitución, los derechos humanos de los gobernados, y estamos siendo sometidos a una voluntad autoritaria, espero que eso se recuerde en los tiempos electorales.