A pesar de que hace unas semanas comenzó un debate sobre la posible desaparición de los Órganos Constitucionales Autónomos que existen en el país. Dependencias gubernamentales como la Unidad de

 Inteligencia Financiera (UIF), consideran que es mejor trabajar de manera conjunta y coordinada con estos órganos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE), con el propósito de resolver los temas importantes de la nación y de la sociedad.

Esto quedó reafirmado el día de ayer 8 febrero de 2021, cuando el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, y el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, en una sesión virtual firmaron los Anexos Técnicos de Fiscalización.

Tales anexos forman parte del Convenio de colaboración celebrado entre el INE y la UIF el 15 de abril de 2015; documento que faculta a las dos dependencias intercambiar información con el propósito de prevenir, detectar y sancionar el uso de recursos ilegales durante cualquier proceso electoral.

Sin embargo, desde esa fecha hasta el día de ayer no se había tomado con la importancia que merece la utilización de recursos ilícitos o el financiamiento de manera ilegal para este proceso electoral. Recordando, que estos comicios son los más grandes que ha tenido México.

Pues de acuerdo con el Calendario Electoral del INE estarán en juego más de 3000 cargos de elección popular a nivel estatal y municipal (entre gobernadores, diputaciones locales, presidentes municipales, síndicos y regidores); y a nivel federal se disputarán 500 diputaciones.

Sin dejar a un lado, las 92,737,006 personas que integran la Lista Nominal (47,999,702 mujeres y 44,737,304 hombres), y quienes podrán ejercer su derecho al voto el día de la jornada electoral.

Por si fuera poco, para estas campañas electorales se tiene proyectado un total de 22,829 personas que contendrán por estos cargos; y dicho sea de paso, la campaña electoral federal comenzará el 4 de abril y terminará 2 de junio.

Lo anterior, nos da una idea de todo el trabajo que representará para el INE y la UIF; a partir, de la firma de estos anexos, pues deberán investigar y sancionar sobre la marcha aquellas personas que utilicen recursos ilegales o que provengan de actos ilícitos o de organizaciones criminales para financiar sus campañas en este proceso electoral.

No es secreto, que en anteriores contiendas electorales se ha conocido que diversos actores políticos han utilizado recursos provenientes de la delincuencia para financiar sus campañas electorales y así poder lograr el triunfo en la contienda electoral.
Durante el evento en el que se firmaron dichos anexos, la Consejera Electoral del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan, emitió un discurso, más que elocuente, acorde a los objetivos que ambas instituciones deberán cumplir a partir de la firma de estos documentos, expresándolo de la siguiente manera:

“El anexo técnico en materia de fiscalización que está por suscribirse fortalece la relación que ya existe entre el INE y la UIF... permitirá al INE contar con notas de inteligencia financiera basadas en modelos de riesgo sobre el comportamiento financiero de los sujetos obligados, partidos políticos, candidatas, candidatos, en términos breves y expeditos que coadyuven a la celeridad de los procedimientos que desahoga el INE, circunstancia que me parece de gran relevancia.

Por una parte, los elementos que se podrán solicitar a la UIF en el marco del presente anexo técnico permitirán obtener datos puntuales y concretos de las operaciones realizadas por algún sujeto obligado y detectar si las mismas se ajustan a los extremos legales”.

“Por lo que se refiere al segundo anexo técnico, que también se firmará hoy, me parece loable la finalidad que persigue porque robustece la coordinación interinstitucional para la investigación de infracciones y de manera destacada, para conocer la capacidad económica real de un sujeto obligado infractor a quien deba imponerse una sanción”.

“En suma, la firma de estos anexos técnicos es positiva, no sólo por la mejor coordinación institucional que implican, sino porque permitirán abordar temas sensibles, de gran relevancia para nuestro desarrollo democrático que tienen que ver con la rendición de cuentas, en su modalidad del conocimiento real y exacto sobre el origen, monto y aplicación de todos los recursos que utilizan los sujetos obligados, así como para la atención de diversos procedimientos sancionatorios”.

Aunado a lo anterior, la Consejera, quien también es Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del mismo Instituto, fue puntual en señalar lo siguiente:

“…México enfrenta cifras alarmantes de violencia contra las mujeres, de las cuales la violencia política tiene una incidencia importante. A pesar de que ha habido avances significativos en los intentos por abatirlas de manera definitiva.

Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos observando que muchas mujeres no pueden ejercer a plenitud sus derechos políticos porque las estructuras patriarcales se los impiden o porque, de resultar electas, son sujetos a actos de violencia que impiden u obstaculizan el ejercicio o la función para el que resultaron electas…”.

“También, hemos implementado un Registro de personas sancionadas en materia de violencia política en razón de género, como una forma de visibilizar un problema de gran magnitud, pero también, como criterio a considerar por parte de partidos políticos, de autoridades electorales, de ciudadanas y ciudadanos antes de elegir una candidatura y más adelante un cargo de elección popular a una persona que ha sido sancionada por este rubro”.

Sin duda alguna, el INE y la UIF enfrentan un gran reto en la lucha y el combate al financiamiento ilícito para estas próximas campañas electorales; y por supuesto, durante todo el desarrollo de este proceso electoral; porque desafortunadamente, esto ha sido un problema que se ha ido acrecentando a lo largo de estos últimos procesos electorales.

Sin embargo, existe una luz de esperanza para que a partir de ahora se pueda alcanzar con ese objetivo; pues no esta por demás mencionar, que la Consejera Electoral conoce perfectamente como investigar y perseguir estos asuntos de financiamiento ilícito o uso de recursos ilegales, pues su experiencia adquirida en la Unidad de Inteligencia Financiera como Directora General de Asuntos Legales Internacionales así lo sugieren.

Indudablemente, eso también permitirá una mejor colaboración y comunicación entre el INE y la UIF para lograr erradicar con prontitud y eficacia ese mal que ha llevado a tener políticos financiados por el crimen organizado o con recursos de procedencia ilícita, lo que ha llevado a que se rompa con el espíritu de la democracia y la participación ciudadana en los procesos electorales.

Como siempre lo he remarcado, las instituciones deben trabajar de manera conjunta para resolver los temas que aquejan a la sociedad y a la nación, solo así podremos salir adelante.