Hace casi un mes, 30 de agosto, se conmemoró el “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”;

esto gracias a que el 21 de diciembre de 2010 en la resolución A/RES/65/209, la Asamblea General de las Naciones Unidas así lo declaró.

El día de ayer, 26 de septiembre, se cumplieron ocho años de que desaparecieron los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, en el Municipio de Iguala, Guerrero.

La polémica en torno a este último caso continúa siendo recalcitrante, más por las constantes acusaciones de impunidad, corrupción, omisiones y vínculos con el crimen organizado.

Por supuesto que en estos días se ha difundido diversa información sobre este caso, el periódico Reforma informó que la “Fiscalía General de la República (FGR) se desistió ante un juez federal de 16 órdenes de aprehensión que ya habían sido giradas contra militares a quienes en un principio acusó de estar presuntamente involucrados […] del 27 y 41 Batallones de Infantería”. Además, días después la FGR se desistió de otras cinco órdenes de captura que habían sido libradas contra 5 exfuncionarios estatales de Guerrero.

Mientras tanto los estudiantes y familiares de los normalistas de Ayotzinapa protestaban el viernes pasado frente al campo militar número 1, en Naucalpan, vandalizando el inmueble federal de las fuerzas armadas. Aunque “la orden a los policías militares, elementos capitalinos y guardias nacionales que resguardaban la instalación, fue no responder sino contener los ataques con piedras, petardos, cohetones y bombas molotov de los jóvenes”, el periódico reforma.

El mismo periódico Reforma, informó que de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa integro, sin testar, sin reservas, da cuenta del intercambio de mensajes capturados de los teléfonos de militares, funcionarios, políticos, delincuentes, que crearon una red para actuar en contra de los estudiantes.

Por su parte, el periódico Universal difundió que: “los padres de los estudiantes dejaron en claro que no aceptan el nuevo informe del caso presentado por el Subsecretario de Gobernación, que establece que los jóvenes fueron objeto de `una labor cruente´ de desaparición en la que participaron autoridades de los tres niveles de gobierno y la delincuencia organizada”, precisando que: “no hay evidencia científica de lo sucedió a los estudiantes, dicen los padres inconformes”.

Por si fuera poco, según Reforma, en la mañanera del pasado viernes, AMLO expresó que: “no debería ocultarse nada sobre el caso Ayotzinapa”; y en consecuencia, se difundió un informe sin testar después del asesinato de 43 normalitas, donde se precisa que criminales, junto con miembros de los Gobiernos local, estatal, federal y del Ejército, montaron una operación para desenterrar los cuerpos de fosas cerca de Iguala y llevarlos al 27 Batallón de Infantería.

El periódico Excelsior publicó que: “fuentes de la Fiscalía General de la República […] revelaron que funcionarios de la propia comisión de la Verdad son investigados por filtrar partes confidenciales del informe sobre los normalistas lo cual constituyen un delito”.

“Los párrafos tachados del documento, cuya versión pública fue presentada el pasado 18 de agosto, indican que la mayoría de los estudiantes fueron descuartizados, algunos disueltos en ácido y otros enterrados”, de acuerdo con la información publicada antier por el diario Reforma.

En definitiva, falta mucho que hacer en este caso, principalmente que las autoridades encargadas de la investigación esclarezcan lo que verdaderamente pasó hace ocho años, y por muy cruel que sea, que les digan a las familias de los desaparecidos el verdadero destino de sus familias.

Es importante precisar que los derechos humanos que se vulneran en los casos de desaparición forzada de personas son: al reconocimiento de la personalidad jurídica; a la libertad y seguridad de la persona; a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la vida, el derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales; el derecho a un recurso efectivo, con reparación e indemnización; y el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición.

Pero no solo es el tema de los 43 de Ayotzinapa; el 17 de mayo de 2022, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas presentó un informe en el cual precisa que: las 100,000 desapariciones registradas oficialmente en México son una muestra del prolongado patrón de impunidad en el país y de la tragedia que sigue ocurriendo cada día, advirtieron expertas y expertos en derechos humanos de la ONU.

El Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias expresaron su profunda preocupación por el creciente número que alberga el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas de México. Las y los expertos emitieron la siguiente declaración:

“Más de 100,000 personas desaparecidas registradas oficialmente en México es una tragedia desgarradora. La cifra habla por sí sola y es una advertencia inequívoca”.

El Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias están profundamente preocupados por esta terrible situación. También notaron que, en muchos casos, las desapariciones no se denuncian, por lo que la magnitud de esta tragedia puede incluso ir más allá de lo que actualmente se registra.

Definitivamente, podemos dar por entendido que el Gobierno Mexicano ha sido incapaz para resolver, atender e inhibir el delito de Desaparición Forzada de Personas; más allá, la búsqueda y la localización de las personas. Eso también es materia de responsabilidad administrativa e incluso penal en contra de los servidores públicos actuales que no han podido dar resultados categóricos ni en el caso de Ayotzinapa ni en los otros 100,000 casos.

Victor Serrano Contreras