Esta semana el número de contagiados y defunciones en México, debido a infecciones por el

 COVID-19, ha acumulado 191 mil, 410, al igual que las lamentables defunciones que acumulan más de 185 mil 122. La infección no ha cesado, por el contrario, continúa en aumento y, pese a las explicaciones dadas por las autoridades de salud, la tendencia va en ascenso. Hay una enfermedad muy contagiosa, que no tiene un tratamiento comprobado o eficaz, cuya tasa de letalidad en nuestro país es de las más altas del orbe y que, pese a la incredulidad de muchos y la desconfianza de otros, es un riesgo que transgrede la seguridad de la población.
El mundo se detuvo y México no fue la excepción. Las actividades productivas y la prestación de servicios cesaron. El Producto Interno Bruto (PIB) ha caído cinco puntos porcentuales en promedio desde que inició la pandemia, ello debido a la inmovilidad física que —a su vez— se tradujo en estancamiento económico y en falta de flujo del dinero. Pocos han sido los afortunados de poder mantener sus empleos y contar con un salario permanente. Innegablemente, la crisis económica está presente en la sociedad y no se ve que eso pueda variar.
La nueva normalidad, además de estar revestida por un distanciamiento social necesario para evitar los rebrotes de la enfermedad, también tendrá como característica innegable el empobrecimiento económico. La inmovilidad social detuvo su actividad y dinamismo, lo que implica que retomar la normalidad que se vivía antes de esta crisis sanitaria, tardará mucho tiempo, entre tanto, los saldos serán sumamente negativos. Hoy en día empezamos a resentir los primeros estragos de este tema.
Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) precisan que en abril había 24.7 millones de personas empleadas en la economía formal; en mayo se perdieron 2.1 millones de empleos, de los cuales el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en los primeros cinco meses del año reportó que se perdieron 832 mil, 272, de los que, sólo en mayo, fueron 344 mil 522. Por lo que hace a la población empleada en la economía informal, según el INEGI, en abril era de 31 millones de personas; para mayo, se redujo en 10.3 millones. En conclusión, se han perdido un aproximado de 12.4 millones de empleos en lo que va del año.
En términos generales, el 10% del total de la población mexicana ha perdido sus empleos y, en consecuencia, ha disminuido su ingreso y su capacidad de participar en los procesos económicos; lo cual, dentro de pronto, traerá consigo caídas similares en muchos sectores de la economía del país lo que, invariablemente, implicará una caída considerable en la recaudación de impuestos. Todo en una cadena muy desafortunada que, de mantenerse por la ruta trazada, sin intervención estatal que precise políticas públicas efectivas que mengüen los efectos perniciosos —tanto económicos como sociales— de una nueva normalidad que se visa sumamente complicada para un pueblo que añora certeza, estabilidad y desarrollo sostenido.
@AndresAguileraM