países de las Américas a erradicar los actos de tortura, en especial los dirigidos en contra de las personas privadas de su libertad.
En el marco del Día Internacional de Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que se conmemora este miércoles, la CIDH señaló que son muchos los casos y circunstancias en los que las personas privadas de libertad pueden sufrir violaciones a su derecho a la integridad personal.
Sin embargo, apuntó que tanto la comisión, la Corte Interamerica de Derechos Humanos (Corte-IDH) y otros mecanismos de protección de Naciones Unidas han encontrado que la mayoría de los actos de tortura y malos tratos cometidos contra las personas bajo custodia del Estado ocurren durante el arresto y las primeras horas o días de la detención.
La CIDH aseveró que en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) debe quedar prohibida de manera absoluta la tortura, tanto física como psicológica.
Esta prohibición no puede ser derogada y no admite excepciones de ningún tipo, aún en situaciones de guerra, lucha contra el terrorismo o estados de emergencia o calamidades públicas, según un comunicado publicado en la página web de la CIDH.
Los Estados miembros de la OEA deben asegurar que en el entrenamiento de agentes de custodia se ponga especial énfasis en la prohibición del empleo de la tortura y de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Tanto la CIDH como la Corte-IDH han establecido que en casos de tortura o en cualquier situación donde haya una razón fundada para creer que se cometió, una reparación integral exige que los Estados realicen una investigación de oficio con la debida diligencia, en forma seria, imparcial y exhaustiva.
Asimismo, las medidas de reparación respectivas deben brindar atención adecuada a los padecimientos físicos y psicológicos sufridos por las víctimas.
De acuerdo con la presidenta de la CIDH, la comisionada Esmeralda Arosamena, las visitas de mecanismos independientes, nacionales o internacionales para investigar o documentar la situación en que se encuentran las personas privadas de libertad contribuyen a la prevención de tortura o malos tratos.