la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó una demanda civil por 10 mil millones de dólares que el Gobierno de México presentó contra fabricantes, bajo la acusación de que estas empresas sabían que su armamento lo vendían a traficantes que las introducían de contrabando al país, aprovechando el mercado que creó la delincuencia organizada, detonando una “guerra” desde el sexenio de Felipe Calderón.

 Los ministros desestimaron los argumentos del Gobierno mexicano, pues “no señala, como lo hacen la mayoría de las reclamaciones de complicidad, ninguna transacción criminal específica que los acusados (supuestamente) hayan asistido”, señaló Elena Kagan, jueza asociada de la Corte.
El máximo tribunal declaró que la ley exime de responsabilidad a los fabricantes de armas por el uso que se hace de sus productos, en especial en la comisión de delitos. “La demanda de México no alega de forma plausible que los fabricantes demandados hayan ayudado e instigado la venta ilegal de armas de fuego por parte de los traficantes de armas a los traficantes mexicanos”, añadió Kagan.
El fabricante de armas Smith & Wesson y la distribuidora Interstate Arms eran los señalados, por eso presentaron el amparo ante la Corte, que finalmente les dio la razón. 
Tras la resolución, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México señaló que continuará agotando todos los recursos legales y diplomáticos a su alcance para combatir este tráfico.
Se estima que en México circulan más de 13 millones de armas ilegales. Y cada año se suman 200 mil, por lo menos. La baraja es amplia: desde los rifles de asalto (AR-15 o  AK-47), de gran calibre (Barrett M82) y pistolas semiautomáticas (9 milímetros), principalmente.
“México ha presentado argumentos sólidos que demuestran el daño que las fabricantes de armas ocasionan a nuestro país”, reclamó Relaciones Exteriores en un comunicado.
Durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador se han ejecutado a más de 477 mil personas, de las cuales siete de cada 10 fallecieron por armas de fuego; es decir, más de 334 mil.
Mientras hay una segunda demanda presentada en Tucson en contra de cinco fabricantes de armas y está en la etapa de producción de evidencia, Francisco Jiménez Reynoso, académico de la UdeG, comentó que la mayoría de las armas ilegales que entran a México son usadas en la violencia y en los conflictos armados de los grupos criminales. Pero apuntó que la resolución de la Corte era de esperarse, pues es conservadora y tiene como aliados a los principales fabricantes de Estados Unidos y al presidente Donald Trump, firme defensor de la segunda enmienda de la Constitución de su país, que garantiza el derecho a la población de poseer y portar armas de fuego. “De hecho, algunas armerías financiaron la campaña de Trump. Son aliados estratégicos”. 
Ante el revés de la Corte, el embajador Ronald Johnson respondió: “Bajo el liderazgo de Donald Trump trabajamos con la Presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo para frenar el tráfico de armas hacia el sur y desmantelar las redes que alimentan la violencia. Juntos hacemos a nuestros países más fuertes y seguros”.
Después de que la Suprema Corte de Estados Unidos rechazara la demanda del Gobierno mexicano contra fabricantes de armas, Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara, señaló que la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum debe presentar sus argumentos ante instancias internacionales y buscar formar un bloque con países de Centro y Sudamérica para combatir el tráfico ilegal de armas, un problema que no es exclusivo de México.
“Todo debe quedar documentado: los muertos en las calles, con qué calibre fueron asesinados. Esto fortalece cualquier demanda. En este caso fue civil, pero podemos pensar en delitos de lesa humanidad, por tantos muertos que tenemos […]. Debemos insistir en instancias internacionales y elevar la voz en comunidades globales para contrarrestar el poder de Estados Unidos en la fabricación y venta de armas, que es altamente permisiva y sin control”, explicó.
El experto agregó que la mayoría del armamento ilegal decomisado a cárteles en México proviene de Estados Unidos, por lo que el país debe construir una demanda más sólida, basada en aseguramientos, estrategias de seguridad y asesinatos vinculados al crimen organizado.
Además, señaló que la Ley de Protección de Comercio Legal de Armas protege a fabricantes para comercializar armas de alto calibre que fortalecen a grupos criminales, superando muchas veces el armamento de policías y cuerpos de seguridad.
Arturo Villarreal, académico de la Universidad de Guadalajara, afirmó que el fallo unánime de la Suprema Corte de Estados Unidos, que desestimó la demanda del Gobierno mexicano contra fabricantes de armas, evidencia que estos empresarios no asumen responsabilidad sobre el uso posterior de sus productos, ya que están protegidos por la Ley de Protección de Comercio Legal de Armas. Por ello, urgió a insistir en la regulación del mercado de armas de alto calibre.
Señaló que es casi imposible frenar todo el tráfico de armas, especialmente en una frontera tan extensa como la de México y Estados Unidos. Sin embargo, consideró que el Gobierno estadounidense debe aplicar controles más estrictos a los fabricantes, incluso cuando su comercialización sea legal, y prohibir la venta de armamento exclusivo del Ejército.
“El comercio de armas de alta letalidad, como rifles de alto poder, estuvo restringido durante 10 años en Estados Unidos. Esa medida podría ser útil, pero no ha sido reactivada. No he escuchado que los gobiernos insistan en regular ese mercado, ahora liberalizado y letal”, dijo.