De ello se responsabiliza a grandes empresas constructoras, a sus propietarios y accionistas, entre muchas otras a Odebrecht, que opera en numerosos países.
Ante esta situación, a dos semanas de reasumir el poder, el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff atraviesa su momento de mayor acoso, soportando acusaciones como el conocer que hubo sobornos que, por millones de dólares, se pagaron a Petrobras, la empresa creada por Getúlio Vargas en 1953, hoy símbolo de la autonomía nacional en materia energética.
Paulo Roberto Costa, alto funcionario de la empresa, denunció hace meses que sus fondos se distribuían entre el Partido de los Trabajadores (PT), que sostuvo las candidaturas y a los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, y su aliado, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), los cuales ejercían un financiamiento multipartidario que se repartía igualitariamente como un pastel.
La señora Rousseff está a salvo por ahora, aunque especialistas reconocidos señalan que “le podría salpicar el sobreprecio pagado en 2006 por una refinería de Pasadena, California, cuando encabezaba la Consejo de Administración de Petrobras como ministra de Energía”.
Antipetistas y antidilmistas, hubo empresarios que se atrevieron a denunciar que la campaña de la mandataria fue financiada por “fondos negros” de la empresa en 2014, sin que faltara la opinión sesgada de su rival, Aécio Neves, el candidato social demócrata, quien dijo: “No me ganó el PT, sino una organización criminal”.
¿Qué respuesta puede dar la mandataria cuando un plan de contratos fue otorgado por otras entidades además de Petrobras? Se habla de 170 empresas, que incluyen obras en el extranjero, entre otras la remodelación del puerto cubano de Mariel por cuenta de Odebrecht.
Una lista difundida por el diario O Globo el 6 de diciembre último, revela que solamente el 59% de las obras del esquema corrupto tenían a la petrolera como destino final, con proyectos provenientes de fondos federales que ascenderían a cuatro mil 600 millones de dólares.
Entre estos figurarían trabajos en puertos marítimos y aéreos, minas, refinerías y transportes urbanos subterráneos, además de obras de mantenimiento y saneamiento en Uruguay, Ecuador, Colombia, Argentina y Angola.