El programa de infraestructura busca restaurar el crecimiento de la complicada economía de Brasil y aumentar la popularidad de Rousseff, afectada por la alta inflación, la subida del desempleo y un escándalo de corrupción en la compañía petrolera estatal Petrobras.
No obstante, la presentación gubernamental del martes indicó que el 65 por ciento de la inversión sólo llegará en 2019, tras la finalización del segundo mandato de Rousseff.
El Foro Económico Mundial sitúa a Brasil en el puesto 120 de entre 144 países en lo tocante a la calidad general de sus infraestructuras, siendo las carreteras y el transporte aéreo especialmente malos, unas deficiencias consideradas desde hace tiempo como un obstáculo a la productividad y la eficiencia.
El plan pretende corregir anteriores errores en licitaciones de concesiones, que atrajeron poco interés por la excesiva intervención estatal.
Rousseff ofrece mejores condiciones a los inversores esta vez, aunque la financiación a bajo costo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) se vio reducida en medio de la restricción fiscal que vive Brasil.
Se espera que las compañías financien parcialmente sus proyectos con fondos privados obtenidos a través de bonos para infraestructuras.
Rousseff dijo que la nueva ronda de concesiones ampliará la asociación del Gobierno con compañías privadas e impulsará la confianza en la economía, a las puertas de la recesión.
"Nuestro modelo de concesiones garantizará que los consumidores tengan servicios de calidad a precios justos y que las compañías obtengan un retorno adecuado a sus inversiones", comentó Rousseff durante la presentación en el palacio presidencial.
Un esfuerzo anterior de Rousseff por atraer 210.000 millones de reales en inversión privada en 2012 logró solo cerca de un 20% de los fondos pretendidos, sin nadie interesado en las 14 líneas férreas y 160 terminales portuarias ofertadas.
Los consorcios privados serán invitados a pujar por aeropuertos en las ciudades de Porto Alegre, Fortaleza, Salvador y Florianopolis, y la participación de la agencia estatal aeroportuaria Infraero será reducida a un mínimo del 15% desde el 49% de la ronda previa, que implicó a los aeropuertos más transitados de Brasil.
Las nuevas concesiones incluyen 4371 kilómetros de autopistas, la extensión de las líneas férreas existentes para carga y la construcción de nuevas siguiendo un modelo de acceso libre, para ayudar a las poderosas compañías agrarias de Brasil a llevar su soja y otras materias primas a los mercados.
Para descongestionar los ineficientes puertos, Brasil abrirá 29 terminales portuarias estatales a operadores privados en Santos, el mayor puerto del país, y en el estado de Pará.

Una segunda ronda de subastas considerará terminales en Paranagua, Itaqui y otros puertos.
Brasilia busca conseguir 66.100 millones de reales en inversiones en carreteras, 86.400 millones de reales en vías férreas, 37.400 millones de reales en puertos y 8500 millones de reales en aeropuertos.
Las licitaciones para las concesiones de aeropuertos comenzarán en el primer trimestre de 2016.
BNDES seguirá teniendo un rol "relevante" en el financiamiento de la construcción de infraestructura, dijo Rousseff, aportando financiación a bajo costo de hasta el 70% de los costos del proyecto para vía férreas si se consiguen fondos privados.
Las concesiones a las carreteras tendrán un acceso máximo a los créditos con bajas tasas de interés de BNDES de hasta un 40% del costo del proyecto, siempre que logren un 10% de los fondos vendiendo bonos de infraestructura.