Argentina, que entró en cesación de pagos en mayo, está intentando reestructurar su abultada deuda, que se ha tornado insostenible tras dos años consecutivos de una economía en recesión, para evitar un prolongado enfrentamiento legal con acreedores.
Tras meses de negociaciones, las partes habían acercado partes en junio en términos de una valoración de un acuerdo, pero eso fue antes de alcanzar desacuerdos respecto de los términos legales de un acuerdo.
Los grupos de acreedores Ad Hoc y Exchange dijeron en un comunicado conjunto que había habido poca comunicación con funcionarios del país sudamericano desde el enfriamiento del diálogo, aunque señalaron que “continúan dispuestos a participar de forma constructiva con el Gobierno argentino”.
“La falta de una interacción seria por parte de las autoridades de Argentina es sumamente preocupante”, dijeron los grupos, que cuentan entre sus filas a los fondos BlackRock y AllianceBernstein, y en conjunto poseen bonos argentinos por un total de cerca de 21.000 millones de dólares.
Por su parte, una fuente del Gobierno argentino señaló a Reuters que “Argentina, vía sus asesores, continúa en diálogo con los distintos grupos y abierta completamente al diálogo para una reestructuración que sea sostenible. Lo que ellos piden es insostenible y exigen cláusulas legales inaceptables”.
“Las negociaciones están duras pero hay acreedores que están trabajando de una forma mucho más constructiva para Argentina y con voluntad de llegar a un acuerdo sostenible. Otros (principalmente Ad Hoc) está en una posición intransigente”, añadió.
Los bonos extrabursátiles de Argentina cerraron el martes con una caída promedio del 0,4% tras una reciente serie de subidas, impulsadas por esperanzas de que el Gobierno y acreedores lleguen a un acuerdo.
Funcionarios del ministerio de Economía declinaron hacer comentarios.
