López Obrador nunca imaginó que perdería la mayoría calificada en la Cámara de Diputados a la mitad de su sexenio.

Fue un error de cálculo, producto de su exceso de confianza. De haberlo temido, habría ordenado a tiempo que sus vasallos aprobaran todos los cambios a la Constitución que requería para apuntalar su dictadura durante los tres primeros años. Pero no quiso precipitarse, sabedor de que se jugaba el todo por el todo. El lobo con piel de oveja no quiso enseñar sus colmillos cuando todavía existía la posibilidad de que sus simpatizantes abrieran los ojos y decidieran votar por los diputados de oposición para revertir sus reformas antidemocráticas en las elecciones intermedias de 2021, en las que se renovaría la Cámara Baja.

Sin embargo, durante la primera mitad del sexenio se prendieron suficientes focos rojos sobre sus intenciones. Gran parte de los 30 millones de mexicanos que apostaron por la cuarta transformación se dieron cuenta de que ésta no era un proyecto de nación sino un proyecto de poder. Fue así que la mayoría de los electores decidieron retirarle a Morena el control del Congreso.

Se sabe que el berrinche del “mesías” macuspano fue apoteósico… En un abrir y cerrar de urnas, su partido perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México, el bastión de Morena. De un día para otro, incluso su emblemático domicilio, el Palacio Nacional, pasó a estar en una demarcación panista.

En ese momento se advirtió lo que se nos venía encima: la radicalización sin recato por parte del déspota y sus secuaces. De ahí en adelante, la premisa de todas sus acciones sería no soltar el poder, por las buenas o por las malas.

Al cambiar la composición de las fichas en el Congreso en 2021, Morena perdió la mayoría calificada para aprobar reformas a la Constitución, pero conservó la mayoría simple para hacer cambios a las leyes secundarias. Todo hacía suponer que los representantes del presidente -no de los ciudadanos que los eligieron- se verían obligados a hacer aquello para lo cual se les paga: parlamentar; o sea, hablar, discutir y negociar con la oposición. Pero eso no sucedió. Las directrices de Palacio fueron otras: chantajear, extorsionar, amenazar, sobornar o comprar a los diputados del PRI, PAN, PRD y MC. Cualquier fin sería válido para doblar a los oponentes con tal de obtener los votos suficientes para imponer las iniciativas del presidente.

López y sus serviles se toparon con pared al intentar imponer la reforma eléctrica, la cual, más que una reforma eléctrica, era la reforma del régimen y la consolidación del Estado socialista por implicar la estatización de muchas ramas de la industria. Por más defectos que tenga, la alianza opositora resultó un peñasco en el camino de la estatización.

La reforma electoral no corrió con mejor suerte, por lo cual fue retirada de la mesa antes de ser votada y sustituida por el mentado Plan B, consistente en cambiar las leyes secundarias que permiten operar con eficiencia al Instituto Nacional Electoral, a fin de desmantelarlo, desmembrarlo e impedir que realice sus funciones, así como disminuir la autoridad del Tribunal Electoral. En eso estaban cuando apareció un actor inesperado en la escena: la Suprema Corte de Justicia, en cuya presidencia no logró imponer López Obrador a la servil ministra que tenía en mente: Jazmín Esquivel, por estar envuelta en un escándalo de plagio de títulos académicos. En el cargo que dejó libre el abyecto Arturo Zaldívar quedó una mujer demasiado íntegra para los intereses de la 4T: la ministra Norma Piña. En ese contexto, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte declararon inconstitucional la primera parte del Plan B, misma suerte que se espera corra la segunda parte, por las mismas razones.

Como una reacción desesperada, López Obrador instruyó a sus senadores que contravengan la ley y las instrucciones de una jueza para mantener las vacantes en el Consejo del INAI, lo cual le impide sesionar. De esa forma mantiene bajo la bota al organismo autónomo que tiene la función de garantizar la transparencia, a fin de poder operar en total opacidad, pues necesitan tapar su corrupción lo más posible hasta las elecciones del 24. Por otro lado, siguiendo instrucciones del presidente, en lo que se considera un golpe de Estado al Poder Legislativo, los senadores de Morena y sus cómplices se reunieron en una sede extraoficial sin avisar a sus pared de oposición, donde aprobaron de forma arbitraria varias leyes, inclusive cambios a la Constitución.

Todo esto deberá ser desechado en la Corte, el último límite al abuso de poder del tirano. A fin de intimidar a los ministros, en especial a la ministra presidente, Norma Piña, para que no declaren inconstitucionales esta serie de leyes, acciones y arbitrariedades, Morena mantiene afuera de la sede del Poder Judicial a un grupo de porros pagados para agredir y acosar a los ministros al más puro estilo gangsteril.

En la antesala de las elecciones de gubernaturas del Estado de México y Coahuila, el secretario de Gobernación anunció el próximo puñetazo a la democracia: el Plan C. ¿En qué consiste? En lograr que Morena recupere la mayoría calificada en el Congreso en el 2024. Aquí la razón: el Poder Legislativo federal está integrando por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, una asamblea bicameral. Los 500 diputados son electos para un periodo de tres años, que inicia el 1 de septiembre cuando se trata de la elección intermedia y el 1 de agosto si coincide con la elección presidencial, como será el caso en 2024. Por su parte, López Obrador terminará su mandato el 1 de octubre de 2024; por lo tanto, el nuevo Congreso sesionará durante los últimos dos meses de este gobierno. Si Morena recupera la mayoría calificada, imaginen el terrible daño que podrán hacer cambiando de última hora la Constitución bajo el mandato de un López Obrador sediento de venganza y ansias de continuar en el poder… De lograrlo, la consolidación de la dictadura socialista sería el golpe final a nuestra democracia. No podemos permitir que eso ocurra.

Elena Goicoechea

Carniado es comunicóloga, editora, escritora, analista política y activista libertaria.