En la semana que termina se dieron a conocer los resultados del Índice Global de Estado de Derecho que publica

el Proyecto de Justicia Mundial (World Justice Project), una organización internacional de la sociedad civil sin fines de lucro fundada en el año 2006, con sede en Washington, D. C.

 De los 140 países evaluados, por cuarto año consecutivo México retrocedió posiciones y hoy nos encontramos en el lugar 115; el lugar número 1 lo ocupa Dinamarca, sí, ese país que tanto menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador para decirnos que “ya casi” tenemos un sistema de salud como el de allá.

 ¿Qué aspectos son tomados en cuenta para calificar nuestro desempeño como país? Entre otros, el orden, la seguridad, la fortaleza de las instituciones de justicia civil, así como los contrapesos no gubernamentales, como la prensa y la sociedad civil. Los aliados del presidente justifican este hecho con el argumento de que se trata de “organizaciones neoliberales”. La realidad es que todos los días, en las pocas horas que trabaja López Obrador -si a la mañanera se le puede llamar “trabajo”- se saca un pañuelo blanco para repetir que se acabó la corrupción y que ya no hay impunidad; se descalifica y sataniza a la prensa que, desde un periodismo serio y de investigación, nos da cuenta de los abusos, corrupción, falta de justicia y carencia de política pública que caracterizan al gobierno federal, entre muchas otras manifestaciones que no son propias de un Jefe de Estado.

 Los últimos cuatro años se han vivido aprisa, con un estilo de gobernar que mantiene divididos a los mexicanos, con ese discurso insistente de que cierto sector de la población -o sea, sus seguidores- “son víctimas permanentes, como él, de los grupos del poder”. Enemigos inventados, datos falsos e imprecisos, mentiras frecuentes, ataques recurrentes de un gobernante que renunció a representar a todo el país, porque sólo se representa a él mismo. La incertidumbre es la constante.

 Prácticamente ha incumplido todas las promesas de campaña que hizo: no tenemos mejor salud pública, no hay más seguridad, la economía está en declive y el apoyo asistencial que reparte a ciertos sectores de la población no es suficiente siquiera para cubrir necesidades básicas. Aunque presuma que el peso no se ha devaluado frente al dólar, no se atreve a decir lo que se siente en los hogares, que nuestro dinero vale menos y que con más dinero se compran menos productos.

 Ante cualquier evidencia, prueba o estudio que lo comprueba, la defensa de López Obrador es que ha sido el presidente más votado de la historia moderna y por tanto, “es propietario del poder que le dieron 30 millones de mexicanos”; en el nombre del “pueblo bueno” que lo eligió, ha hecho con el dinero público lo que ha querido. Viola la Constitución y no respeta la división de poderes, niega la realidad, aunque los datos lo golpeen con fuerza todos los días sobre la violencia que vivimos y para colmo, muestra un respeto -que raya en el extremo- a aquellos grupos o personas que lastiman a la sociedad con actividades ilícitas que, entre otras cosas, han ocasionado la muerte de más de 130 mil mexicanos. López Obrador es incapaz de mostrar empatía con las víctimas de nuestro país y con sus familiares.

 Ante los hechos que en los últimos meses han desestabilizado al gobierno, destaca la publicación de dos libros: “El Imperio de los Otros Datos”, de Luis Estrada Straffon, que nos describe como las conferencias matutinas son la principal estrategia de propaganda política del gobierno; y “El Rey del Cash”, de la periodista Elena Chávez, cuyo testimonio de lo que vio y vivió en el movimiento del ahora presidente de México, certifica su modus vivendi, que va desde la extorsión, cobro de cuotas “voluntarias”, uso de recursos públicos de gobiernos municipales y estatales desviados para temas electorales, hasta el tráfico de influencias, actividades que han permitido a Andrés Manuel y su familia vivir y seguir viviendo de una forma que nada tiene de austera.

 Y como cereza en el pastel, el hackeo de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional -una de las instituciones que se supone deberían tener los más altos estándares de seguridad-, que nos mostró la vulnerabilidad del ejército y cómo poco a poco se va descubriendo el poder que han obtenido los altos mandos, durante el gobierno del presidente López Obrador. Aunque todavía se sabe poco de los miles de datos que fueron obtenidos por el grupo autodenominado “Guacamayas” -y lo que se sabe es muy grave-, se evidencian las relaciones peligrosas entre los miembros del gobierno federal y los grupos de la delincuencia organizada, lo que explica además, porque el presidente mantiene en sus cargos a personajes como Alejandro Gertz Manero, el Fiscal General de la Nación, que ha usado la institución como despacho privado y ha manipulado la ley para beneficio propio, sin que le importe a quién perjudica.

La información hasta ahora conocida ha sido minimizada y evadida por quien habita Palacio Nacional y quienes lo acompañan, pero en un país democrático en el que el Estado de Derecho fuera una realidad, Andrés Manuel López Obrador, algunos de sus familiares, como su hijo José Ramón López Beltrán, Adán Augusto López Hernández y sus cercanos a quienes vinculan con el CJNG, así como gobernadores y gobernadoras señalados por sus relaciones peligrosas y el uso de espionaje, estarían rindiendo cuentas ante la justicia.

 En cambio, se han encargado de repetir que quienes debieran estar en la cárcel son los expresidentes, especialmente a quien le tiene un odio y rencor inexplicable, Felipe Calderón Hinojosa, quien recorre el mundo y se reúne con actores destacados de la política, la ciencia, la academia y el medio ambiente, debido a su reconocimiento como gobernante. Quizás la única razón para tal encono es saber que no se encuentra ni se encontrará a la misma altura ni en capacidad, ni en conocimiento, ni en resultados de gobierno que el expresidente, porque de tener pruebas de lo que tanto acusa, los procedimientos legales habrían avanzado, más allá de las acusaciones públicas, si se contara con una FGR autónoma, eficiente y sin sesgos. Pero no hay nada, todo es producto del encono de un hombre que desaprovecho la oportunidad de mejorar las cosas en México.

 En el caso de Enrique Peña Nieto, sólo ha lanzado dos o tres mensajes que no corresponden a lo que tanto dijo en campaña: la explicación en este caso es más simple, porque el expresidente de origen mexiquense le ayudó y allanó el camino para asumir el tan anhelado cargo buscado por tantos años. Fueron los exgobernadores, expresidentes municipales, las estructuras territoriales y los recursos de gobiernos priístas los que contribuyeron de manera importante a que López Obrador tuviera dicha votación. Poco a poco se evidencia que sin la ayuda del viejo y del nuevo PRI, quizás el tabasqueño no hubiera conseguido llegar al cargo. Se debe romper el mito de los 30 millones de votantes, porque hay muestras suficientes de dónde se obtuvieron los sufragios.

 No desdeño la voluntad de miles de mexicanos y mexicanas que creyeron en él, porque las mentiras contadas durante años surtieron efecto en una parte de la población, ansiosa de un cambio y molesta por los errores y abusos cometidos de quienes gobernaban. La paradoja es que ahora, la base del movimiento obradorista, los líderes sociales que encabezaron grandes luchas, los miembros y simpatizantes de la izquierda mexicana, han sido arrinconados y avasallados por quienes nunca han dejado de tener poder en el país y lo peor, López Obrador ha mostrado en cuatro años su verdadera cara; nunca podrá negar su pasado y tarde que temprano las nuevas generaciones conocerán el talante autoritario, indolente, ineficiente y cruel del que sólo usó el disfraz de luchador social, pero jamás abanderó ninguna causa.

Finalmente, sólo basta echar una mirada a la historia reciente, a las declaraciones de diversos actores académicos, líderes sindicales, periodistas, científicos, profesionales de la administración pública, que han dicho públicamente cómo ayudaron a López Obrador a conseguir la primera magistratura del país y tan pronto ese propósito se hizo realidad, fueron desconocidos y abandonados a su suerte. El tiempo juzgará a cada uno y los colocará en el lugar que corresponda. Lo cierto es que muchos adelantaron ya su llegada al basurero de la historia, lo que es una desgracia para el ego del Presidente López Obrador, que fue el primero en llegar a ese lugar.

Adriana Dávila Fernández