La Procuraduría General de la República (PGR) negó transparentar la investigación realizada por el homicidio de 22 personas a manos de militares en Tlatlaya, Estado de México, pues indicó que, tras una búsqueda “minuciosa y exhaustiva”, no encontró una copia de la averiguación que consignó.
En dos ocasiones este año, el 14 de enero y el 24 de febrero, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) había advertido a la Procuraduría que estaba obligada a entregar versiones públicas del expediente, ya que no procedían los argumentos esgrimidos para no hacerlo, como la reserva del mismo o el que ya no lo tuviera tras enviarlo a un juzgado.
Pero en un documento fechado el 9 de marzo, entregado como respuesta a una solicitud hecha por este reportero, la PGR otra vez rechazó entregar los datos solicitados en torno a los peritajes practicados.
“El 29 de octubre del 2014 el Agente del Ministerio Público (…) ejerció acción penal ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, estado de México, remitiendo la averiguación previa con su respectivo pliego de consignación en original y duplicado, sin que haya dejado copia en sus archivos” señaló la Procuraduría en el oficio sin firma.
La averiguación y el pliego de consignación que la PGR dice ya no tener, son nada más y nada menos los expedientes en donde se encuentras enumeradas y asentadas todas las pruebas con las que fueron consignados once militares por los hechos ocurridos en Tlatlaya, aunque solo tres de ellos acusados de homicidio.
Para dar esta respuesta, la PGR había solicitado una ampliación al periodo original de 20 días que marca la ley con el objetivo, según dijo la misma dependencia, de realizar una búsqueda “minuciosa y exhaustiva” de la información requerida.
En el documento entregado tras ese periodo, la dependencia señaló que turnó directamente la petición de información a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizado (SEIDO) que a su vez solicitó los datos a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de Fuego, en donde contestaron que ya no tienen nada.
A diferencia de solicitudes de otra naturaleza, la Procuraduría no reportó que se hubiera hecho una búsqueda en otras áreas como la fiscalía de procesos o la de delitos cometidos por servidores públicos.
Aunque la PGR tiene un Comité de Información responsable de verificar la legalidad y justificación de las respuestas que dan las distintas áreas a solicitudes de transparencia, como ocurre en otras dependencias, en el documento entregado se reconoce que el mismo no fue consultado bajo el argumento de que la SEIDO “no está sujeta a la autoridad de ese comité” como señala el artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.
A finales de octubre del año pasado, la PGR consignó ante un juez la averiguación relacionada con la ejecución extrajudicial de civiles a manos de soldados, ocurrida el 30 de junio del 2014 en la localidad San Pedro Limón del municipio de Tlatlaya.
Los principales acusados fueron tres soldados del 102 batallón de Infantería, Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, a los que se les imputó homicidio. El único mando involucrado, según la procuraduría, fue el teniente Ezequiel Rodríguez, procesado por encubrimiento.