El presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno Rivera, se pronunció por difundir, dentro las comunidades indígenas, los ordenamientos jurídicos que hayan sido traducidos en lenguas maternas, con el objetivo de cerrar las brechas de la desigualdad
y alcanzar un México incluyente.
Consideró que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben seguir trabajando de manera conjunta en este propósito, ya que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2010 cerca del 7 por ciento de la población nacional era hablante de una lengua indígena, del cual el 16 por ciento no usa el español.
Al participar en la presentación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su edición Bilingüe Español-Maya, el legislador llamó a continuar en el camino del reconocimiento de los derechos constitucionales de todos los mexicanos, principalmente de las comunidades indígenas, a las que, desde mediados del Siglo XX, “hemos fortalecido con la implementación de diversas políticas públicas, tanto en el ámbito internacional como nacional”.
Dijo estar convencido “de que para poder ejercer los derechos y obligaciones de nuestros pueblos y comunidades indígenas, es necesario conocer el marco normativo que los rige”.
Sobre todo, expresó, porque en meses recientes, como resultado de un arduo trabajo, la Constitución mexicana fue modificada con un gran dinamismo, incluyendo temas como educación, competitividad y aspectos político-electorales, por mencionar algunos.
La diputada Graciela Saldaña Fraire (PRD), promotora del evento, lamentó que la comunidad maya se encuentre al margen de la economía nacional, ya que se ve “obligada” a hacer grandes esfuerzos para sobrevivir. “Desde hace 40 años se empezaron a considerar una minoría”, indicó.
Pidió que la Constitución en idioma maya, en su formato digital, se suba a las páginas oficiales de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, para que pueda ser consultada por cualquier persona que desee hacerlo.
En su turno, Fidencio Briceño Chel, coordinador de la traducción del texto, apuntó que con este ejercicio se abren nuevos caminos en materia de Derecho para los pueblos indígenas, aunque consideró que “hacen falta políticas lingüísticas que logren hacer más eficiente el trabajo para proteger lenguas que comúnmente son “minimizadas”.
“Los legisladores, subrayó, deben trabajar en hacer llegar leyes, decretos y reglamentos del aspecto legal en México a los pueblos originarios en sus dialectos tradicionales, con esto no salvamos la vida de una lengua indígena, pero damos herramientas para su difusión”.
Pidió ver a las lenguas madres como patrimonios vivos y expresó que “quien no conoce las leyes, no conoce sus derechos, por eso la importancia de este trabajo que hoy se presenta”.