Ciudad de México, México ::: 08 de abril de 2026 ::: La indignación social por homicidios cometidos por adolescentes

impulsó un debate sobre la necesidad de reformar el sistema de justicia penal. Actualmente, las penas máximas de cinco años de internamiento son consideradas insuficientes por diversos sectores frente a la comisión de delitos graves.

 Los menores de edad no son juzgados como adultos al cometer feminicidios, violencia sexual u homicidio porque el sistema privilegia un enfoque socioeducativo y de reintegración social, no punitivo.
Para que los menores que cometen delitos graves recibieran castigos severos, serían necesarias reformas legales y constitucionales de gran alcance.

::: Cambios que tendría que haber para darles penas severas a menores infractores
• Reforma al artículo 18 constitucional que habla sobre Prisión Preventiva para modificar el sistema integral de justicia para adolescentes.
• Cambios a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes para permitir sanciones más restrictivas o de mayor duración.
• Aprobación legislativa federal y estatal, y eventualmente ajustes en los tratados internacionales ratificados por México.
• Justificación fundada que supere el principio de interés superior del menor, la proporcionalidad y otros derechos fundamentales.

Las leyes mexicanas y los tratados internacionales ratificados por México obligan a priorizar el interés superior de la niñez, la proporcionalidad y la reinserción.
Cualquier propuesta para imponer medidas más severas, como equiparar las sanciones para adolescentes con las de adultos o eliminar la distinción de edad para ciertos delitos, requeriría reformas constitucionales, cambios a la ley nacional y posiblemente denuncias de tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño.
Las reformas tendrían que superar el escrutinio de la Suprema Corte de Justicia, que ha determinado que el sistema de adolescentes debe diferenciarse del de adultos y limitar el poder punitivo del Estado frente a menores.

::: Caso de Leyla en Sonora genera indignación por penas muy bajas
La indignación social en Sonora se reavivó tras revelarse las sentencias impuestas a las responsables del feminicidio de Leyla Monserrat, una adolescente de 15 años.
El tribunal determinó penas mínimas para las dos menores involucradas, a pesar de que el crimen fue grabado en video y difundido ampliamente en redes sociales.
La resolución judicial estableció que Britany Michel, de 15 años, pasará 2 años y 10 meses en internamiento, mientras que Monserrat, de 13, cumplirá 11 meses de libertad asistida.
Además, el monto de reparación del daño moral asignado a la familia fue de 5 mil 677 pesos mexicanos, cifra que resulta inferior a la mitad de los gastos funerarios.
El caso conmocionó a la comunidad por la crueldad y planeación del acto. Leyla Monserrat fue citada por las agresoras a una vivienda del ejido El Desierto, donde la ataron, vendaron y estrangularon.
Todo quedó registrado en un video que, posteriormente, una fuente anónima envió a la madre de la víctima.
Las responsables intentaron ocultar el crimen enterrando el cuerpo en el patio de la casa de una de ellas.
El video del asesinato circuló en redes sociales, lo que profundizó el malestar colectivo y se convirtió en una prueba determinante en el proceso judicial.
La madre de Leyla, Carmen Angélica Becerra, relató que su hija había sido víctima de acoso y burlas por parte de las agresoras, quienes días antes habían dejado de hablarle tras una discusión.