Edmundo Olivares Alcalá
La obra violó todos los preceptos legales aplicables. La construcción de la Línea 12 del Metro en la pasada administración, presentó violaciones directas a casi todos los preceptos legales aplicables, como la Ley de Obras Públicas y su Reglamento, la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente.
El diputado del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Héctor Saúl Téllez Hernández, señaló lo anterior en el marco de la comparecencia del Contralor General del Gobierno del Distrito Federal (CGGDF), Hiram Almeida Estrada, quien hizo una crítica al desempeño del funcionario por los pendientes y las omisiones en diversos temas de su competencia.
Sobre las irregularidades detectadas en la obra, al presentar el posicionamiento del GPPAN, el legislador consideró que todo parece indicar que recibió instrucciones de sus superiores para guardar silencio y desviar la atención de la opinión pública.
“Quiero preguntarle de manera directa si ha recibido instrucciones de alguna autoridad superior para disminuir el impacto mediático, debido al cúmulo de irregularidades que se advierten en cada paso en el proceso de contratación, ejecución y ejercicio de recursos asignados, seguramente por el elevado costo que representó para los capitalinos, el cual a la fecha ya se incrementó en más de siete mil millones de pesos”, señaló.
Téllez Hernández destacó la falta de presentación de la factibilidad del impacto urbano; una diferencia de dos mil millones de pesos entre el monto que presentó la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., evaluada por el Subcomité Técnico por 19 mil 583, millones de pesos y el monto señalado por 17 mil 583 millones de pesos, manifestado en el Acta de Fallo de fecha 12 de junio de 2008, con lo que se contravino lo señalado en el numeral V de las Bases de Licitación Pública Internacional que dicta que “Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las propuestas presentadas por los concursantes podrán ser negociadas".
Además, acusó que el anticipo pactado en 20.9 por ciento se incrementó sin justificación al 24.8 por ciento en 2009, lo cual significó un importe 675 mil 373 millones de pesos con IVA incluido.
Por su parte, el diputado del PANAL, Jorge Gaviño Ambriz, cuestionó el sobre-costo de la Línea 12 del Metro y la falta de escaleras eléctricas que hay en algunas estaciones; esto debido a que en días pasados, durante la comparecencia de Enrique Horcasitas Manjarrez ante la ALDF, éste dio a conocer que la Contraloría estaba revisando algunos aspectos del Contrato, el cual, enfatizó Gaviño “está mal hecho” y puede significarle a la capital del país una deuda de cuatro mil millones de pesos.
Contraloría inoperante
Jorge Gaviño Ambriz dijo que la Contraloría es la ley de los Servidores Públicos, la cual es inoperante, explicó que sólo es un dique para los famosos diezmos que todavía se otorgan en la Administración Pública, si realmente ayuda en los procesos y procedimientos de la Administración Pública, si tiene una función preventiva, si da certeza jurídica y si promueve la cultura de la legalidad.
Lo anterior, debido a que en Abril del 2012, el más reciente estudio de Transparencia Mexicana (TM) mostró que como promedio nacional, 10.3 de cada 100 trámites que hicieron los hogares mexicanos ante autoridades estatales y municipales requirieron de un soborno.
Baja California Sur resultó ser la entidad menos corrupta, con 1.8 actos de corrupción por cada 100 trámites; y el Distrito Federal la más corrupta, con 17.9 actos de corrupción por cada 100 trámites.
De acuerdo con Gaviño Ambriz, países que tienen menor índice de corrupción son aquellos donde se tienen más controles, donde se tiene la posibilidad de detectar los intentos de soborno y donde realmente existen acciones en contra de la impunidad.
Asimismo, aseguró que aunque la tercera parte del presupuesto para el Gobierno del Distrito Federal (GDF), (más de 40 mil mdp); se utiliza con el objetivo de abastecer los programas sociales, la pobreza en la capital continúa aumentando; esto de acuerdo con el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D.F. (Evalúa D.F.),el cual mostró que la indigencia y carencia intensa creció 4.21 por ciento en la capital del país, mientras que la pobreza por gasto se elevó poco más de dos puntos al pasar de 53.5 por ciento al 57 por ciento en los últimos dos años.
Lo anterior, debido a que en Abril del 2012, el más reciente estudio de Transparencia Mexicana (TM) mostró que como promedio nacional, 10.3 de cada 100 trámites que hicieron los hogares mexicanos ante autoridades estatales y municipales requirieron de un soborno.
Baja California Sur resultó ser la entidad menos corrupta, con 1.8 actos de corrupción por cada 100 trámites; y el Distrito Federal la más corrupta, con 17.9 actos de corrupción por cada 100 trámites.
Este estudio, dio a conocer Jorge Gaviño, también reveló que antes de la compactación de todos los programas sociales que eran más de 400 en la Ciudad pasaron a ser 178; sin embargo, sólo 70 tienen reglas de operación y aún así quedan en la opacidad.
Por lo que, para eliminar la fuente originaria de la corrupción, se tiene que eliminar la enorme cantidad de trámites que las empresas tienen que realizar ante diversas instancias de Gobierno, enfrentándose con regulaciones ineficientes y funcionarios públicos que pueden aplicarlas con total discreción y que tienen la posibilidad de chantajearlos, destacó el Diputado Local.
Jorge Gaviño, manifestó que en la actualidad no tenemos una Ley a la altura de esta ciudad; una Ley moderna, que sea dique de la corrupción y freno de la impunidad. Lo cual, es una oportunidad para que la actual legislatura, encabeza por Hiram Almeida, realice una Iniciativa de Ley para presentar ante el Congreso de la Unión: La Nueva Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos en la Ciudad de México, dijo.
En sesión de “preguntas y respuestas”, el también presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, dio a conocer que de acuerdo con el informe Anual que rindió la Presidencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal para el 2012, se recibieron 11527 demandas, 441 en materia de responsabilidad de los servidores públicos.
El 84.20 por ciento de las sentencias dictadas por las Salas Ordinarias del Tribunal, es decir 9,994, fueron favorables a particulares y en contra de la autoridad; lo que muestra que la eficacia de la Contraloría del Distrito Federal equivale sólo al 15% de los juicios entablados en contra de sus resoluciones.