La ruta migratoria está tomada por el crimen organizado quien se dedica a reclutar a los migrantes y a quien se opone le dan muerte. El gobierno Federal y del estado de México, se mantienen al margen de la masacre, permitiendo que México sea un cementerio de indocumentados.
Habló sobre el operativo realizado en el Comedor San José, ubicado en el municipio mexiquense de Huehuetoca, por lo que se interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Municipal por la detención de 30 migrantes.
Explicó que durante el operativo, los servidores públicos ingresaron sin autorización a las instalaciones del Comedor San José y aseguraron a tres personas y el resto fue sobre las vías del tren u otros centros de atención a migrantes.
Expresa grave preocupación, por los operativos contra los indocumentados, quienes también son víctimas del crimen organizado.
Asimismo Martha Sánchez, dijo que por primea vez, la policía municipal irrumpe en el Comedor San José Huehuetoca, no obstante de que está prohibido por la Ley de Migración.
Añade que los casos migratorios los deben de conducir exclusivamente los agentes del INM, de Control y Verificación, sin embargo, y como una Ley señala que estos se pueden apoyar con la policía municipal, se dan todo tipo de anomalías.
Indicó que cada vez que hay problemas, la frase favorita de las autoridades federales y municipales es que es denuncia ciudadana, e indican que la gente de la comunidad no quiere el comedor porque aumenta la violencia.
“La ruta migratoria, toda, está tomada por el crimen organizado que tiene sus cómplices que permiten que esté sucediendo y son las autoridades correspondientes que permiten esta masacre”, explicó
Comentó Martha Sánchez que la situación de Centroamérica es muy difícil y a los habitantes de esos lugares no les queda otra opción que buscar la salida a Estados Unidos.
Recordó que Estados Unidos, a partir de los 90s exportó a los Maras, estos nacieron en los Ángeles, eran mecanismos de autodefensa de las bandas Centroamericanas, frente a las mexicanas, asiáticas y africanas.
Los Maras al convertirse en un peligro para Estados Unidos, porque ya controlaban ciudades, barrios y habían crecido en organización decidió deportarlos.
México no se queda atrás, desde hace cinco años se les ha deportado a los cárteles del narcotráfico, quienes ahora vienen, con la complicidad de las autoridades, a controlar toda la ruta migratoria.
Al referirse al triangulo del crimen desde Tultitlán, Lechería y Huehuetoca, Estado de México, Martha Sánchez, explica a los integrantes de la mesa redonda de “VOCES AL AIRE”, que hace dos o tres años eran bandas locales las que estaban metidas en reclutar gente y obligarles a trabajar para ellos o para que pagarán para llevarlos a los Estados Unidos, era el pollerismo famoso.
Estas bandas están relacionadas con el narcotráfico y el narcomenudeo, pero resulta que ahora son otros los que controlan y se habla de que la familia michoacana y caballeros templarios ya funcionan en la zona.
La semana pasada, se prendieron los focos rojos entre las bandas porque se asegura que, los polleros de Lechería estaban alarmados porque, las bandas de Palenque se trasladaron a esta zona para controlarla.
Como es del dominio público esta zona es de alta criminalidad desde siempre, y no tiene que ver nada con la migración, lo que pasa, es que los gobiernos del Estado de México no han tomado en cuenta estos problemas ni a otros.
Aquí es la ley de la Selva el más poderoso sobrevive, se aprovechas de las situaciones, e inclusive aquí arriban personas para secuestrar a las migrantes mujeres para la trata de personas.
Más adelante dijo que el operativo “ocurre en aparente violación de la Ley Nacional de Migración”, la cual establece en su artículo 76 la prohibición de operativos de verificación de estatus migratoria “en los lugares donde se encuentre albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a estas personas”.
Estos hechos nos hablan de un abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza, allanamiento de morada, consentimiento y violación a los procedimientos que señalan los artículos 195 y 207 del reglamento de la Ley Migratoria por parte del INM, más que a un espíritu de respeto a los derechos humanos de las personas sin importar su situación migratoria.
Además, siete indocumentados centroamericanos fueron llevados primero al palacio municipal antes de llegar a la estación migratoria, a donde por ley deben ser trasladados, lo que no respeta el debido proceso.