Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y
Movimiento Ciudadano promueven los procesos de expulsión de los diputados de Baja California por haber atentado contra la democracia, al aprobar reformas a la Constitución local para ampliar el plazo de gobierno de dos a cinco años.
Los senadores Manuel Añorve, del PRI, y Damián Zepeda, del PAN, también advirtieron que se deben investigar las denuncias públicas en el sentido de que diputados contrarios a Morena fueron sobornados para que votarán en favor de esa propuesta legislativa, por lo que se pronunciaron porque también se promueva un juicio político en contra de los legisladores locales.
En tanto el senador Clemente Castañeda difundió el oficio que envió a la Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano y Erika Cristina Pérez Campos, presidenta de la Comisión Nacional Justicia Intrapartidaria, para iniciar la investigación y proceso de expulsión del único diputado que los representa en el Congreso de Baja California, Job Montoya Gaxiola.
El senador Damián Zepeda señaló que en el caso del PAN los que votaron por esa reforma a la Constitución local “es un grupo de personas que decidieron aliarse en algo que está pasando en Baja California y ha echado a perder al Congreso. El PAN no avala eso y lo que hemos pedido es que se proceda en contra de quienes se prestaron”.
“La dirigencia ha sido muy clara que va a iniciar un proceso de expulsión de las personas, nosotros aquí en el Senado enviamos ayer (miércoles) que también se debe iniciar un proceso de juicio político, porque es una vil ilegalidad lo que se hizo y explorar todas las alternativas”, apuntó.
Agregó que lo que sucedió en Baja California es un atentado contra las instituciones democráticas de parte de todos los partidos a nivel local, y se debe de investigar porque hay sospecha de que los diputados locales fueron sobornados.
“El que era el presidente del Congreso había denunciado que había intentos de sobornos de hasta un millón de dólares, él lo dijo, no yo, y luego votó”. Entonces si hay estas denuncias públicas “yo diría que se deben investigar”, sostuvo.
Por su parte el senador Manuel Añorve Baños, del PRI, indicó que lo del Congreso de Baja California es, a todas luces, un acto inconstitucional, no democrático, “un traje a la medida”, y agredió legalmente a la democracia de Baja California y del país.
Debería de asumir el gobernador electo la responsabilidad no aceptando esta decisión del Poder Legislativo local, además auspiciado por Morena, consideró.
Advirtió que el apoyo a esa reforma fue de todos los partidos, incluso del PRI, y por ello en su caso se deberá expulsarlos, y de compruebarse corrupción y de que fueron sobornados los legisladores locales deberá aplicarse todo el peso de la ley.
“A toda luces se ve que compraron a los diputados ¿no? O les dieron concesiones a futuro. Y en el caso del PRI deben expulsarlos a todos esos entreguistas ¿no? Punto. Es obvio que están negociando concesiones a futuro inmediato, ahí los van a ver colocados en el nuevo gobierno, no tengo la menor duda”, acusó.
Expresó su preocupación de que el Ejecutivo Federal “esté condescendiente con esta decisión que sólo beneficia a su partido, que fue el que obtuvo el triunfo electoral en Baja California”.
El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, agregó que haber aprobado esa reforma fue un error y una violación a la Constitución; “se violan todas las reglas electorales, se trasgrede la certeza de la propia elección en los términos en que fue expuesta y que fue planteada a la ciudadanía”.
Consideró que el Ejecutivo Federal tendrá que pronunciarse y también exigir que se investiguen las denuncias públicas.