El Estado mexicano tendrá la obligación de formar defensores de oficio en lenguas indígenas y español para garantizar la aplicación de la justicia a grupos étnicos, al existir en las cárceles más de 8 mil presos indígenas por delitos del orden federal o común, sin el debido proceso jurídico por falta de traductor. Muchos indiciados desconocen los motivos incluso, de la reclusión.
De ahí que la Cámara de Diputados aprobó con 431 votos reformas a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas para establecer esta obligación del Estado, a nivel federal, estatal y municipal, toda vez que en México existen alrededor de 62 grupos etnolingüísticos que representan más de la décima parte de la población.
De acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2010, en el país viven seis millones 913 mil 362 personas de tres años y más que hablan lengua indígena; 15.7 millones de personas se consideran indígenas: de ellas, el 6.9 por ciento hablan alguna lengua.
Las entidades con mayor población indígena, según el tipo de hogar de pertenencia, son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Estado de México, Puebla e Hidalgo; según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, las más habladas son maya, náhuatl, zapoteco y mixteco.
Al fundamental el dictamen, la panista Eufrosina Cruz, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas sostuvo que en las cárceles mexicanas más de ocho mil indígenas se encuentran presos por delitos del orden federal, como la siembra de mariguana o por infracciones del fuero común, relativas a robos o secuestros, según cifras recientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Sin embargo, muchos de ellos fueron encarcelados sin contar con un debido proceso y sin conocer o comprender el motivo de su reclusión. “La mayoría son auténticos líderes comunitarios que defienden su tierra, sus recursos, sus tradiciones, sus familias, su lengua en contra de los intereses autoritarios de caciques, de autoridades locales o de poderosas empresas trasnacionales”.
La legisladora del PAN advirtió que el mayor delito de los indígenas en México es la pobreza, y paradójicamente, el ser propietarios de la mayor parte de la riqueza natural del país.
La falta de asesoría jurídica y apoyo institucional han propiciado que muchos sean víctimas de injusticia, situación que se agudiza en las grandes ciudades ante la ausencia de defensores de oficio o traductores que asesoren a los hermanos indígenas.
Margarita Licea González también albiceleste, refirió los muchos casos de inequidad donde uno de los problemas para el debido proceso de mexicanos hablantes de lenguas maternas se debe a la diferencia de idiomas en los juicios. Comentó que el Instituto Nacional de las Mujeres, sólo el 14.3 por ciento de las indígenas en prisión han recibido los servicios de un intérprete durante sus procesos penales, por lo que se pronunció a favor de la reforma para estableer la obligación del Estado de crear la figura de defensores de oficio hablantes de lenguas indígenas.
De esta forma, los seis grupos parlamentarios restantes en San Lázaro manifestaron su apoyo a que los indígenas cuenten con abogados defensores que hablen su lengua materna, a fin que avanzar en la aplicación de la justicia en el país.
Luz María Alonso Sánchez/This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.