El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, José Luis Muñoz Soria, anunció que solicitará con carácter de urgente, revisiones especiales a diversos temas del gasto público 2011, por “notorias anomalías”, en el marco del análisis de la Cuenta Pública.
En su opinión, requiere seguimiento puntual el monitoreo del Instituto Federal Electoral (IFE) a los mensajes políticos en radio y televisión; los gastos del Seguro Popular, a los que se vinculó un préstamo solicitado al BID del que no hay evidencias en la revisión a Hacienda, y fondos para educación a estados, en particular a Tabasco.
Asimismo, los registros de trabajadores en la Secretaría de Educación Pública (SEP), que estarían en el sindicato en calidad de comisionados, cuánto se les paga y, en realidad, a qué se dedican.
En conferencia de prensa, Muñoz Soria expuso que la última petición a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) será fiscalizar a fondo as cuentas de la Cámara de Diputados.
El legislador hizo además un llamado a todas las fracciones parlamentarias a que en un ejercicio de transparencia publiquen en sus páginas de Internet sus reportes de gastos, en lo que va de la actual Legislatura.
Luego de recibir los resultados de la Cuenta Pública 2011 por parte de la ASF, dijo que encontró irregularidades en dependencias como el IFE, la SHCP, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, el Seguro Popular y el estado de Tabasco.
Anunció que el próximo 15 de abril se realizará la primera reunión de evaluación por parte de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría al informe de resultados que realizó la ASF a la Cuenta Pública 2011, y “estaríamos sugiriendo ampliar más la información porque los resultados nos pudieran parecer incompletos o que se tiene alguna duda”.
También, solicitará una auditoría al gobierno federal de los préstamos que haya adquirido durante 2012, porque del informe que presentó de la Cuenta Pública 2011 se encontró un préstamo por mil 250 millones de dólares para el fortalecimiento de los programas de salud, “en concreto para el Seguro Popular”, que la ASF “no encuentra a dónde fueron a parar”.
Insistió en la necesidad de saber el origen, montos, condiciones y destino de los préstamos solicitados por la administración de Felipe Calderón.
Muñoz Soria explicó que del análisis previo destaca el relativo a la verificación y monitoreo de los tiempos oficiales en materia electoral que realiza el IFE, y refleja que de dos mil 319 señales de radio y televisión que se debió monitorear no se revisaron 759 señales establecidas en el contrato correspondiente.
Por tanto, solicitará a la ASF proporcione información del importe correspondiente a las señales no monitoreadas respecto del contrato plurianual, y si el IFE obtiene algún beneficio como resarcimiento por esa falta.
En el caso de la llamada Estela de Luz, recordó que la Secretaría de la Función Pública solicitó se obsequiaran órdenes de aprehensión contra funcionarios y que no se realizó ninguna detención, y la ASF ha presentado denuncias de hechos por cerca de 400 millones daño patrimonial al erario público.
Estimó como dependencia probablemente responsable al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y citó que la ASF ha presentado denuncias de hechos, primero por poco más de 248 millones de pesos por pagos indebidos, y otra por 150 millones 338 mil pesos “por la mala conducta que los servidores públicos desplegaron por acciones y/u omisiones”.
En cuanto al Seguro Popular, Muñoz Soria recordó la cantidad de recursos asignados para su funcionamiento; que en 2011 tenía un padrón cercano a 51 millones afiliados y casi 8.5 millones no recibieron servicios médicos; 5.8 millones son derechohabientes del IMSS, ISSSTE u otros servicios asistenciales, por lo que pedirá la revisión.
Respecto a los fondos para educación, en particular el de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), el perredista aseguró que “le ha sido difícil a la auditoría el poder ubicar a dónde se han ido los recursos”.
Dijo que se desconoce dónde fueron o dónde quedaron seis mil 094 millones de pesos en entidades como Aguascalientes, Baja California, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora y Zacatecas.
También mencionó pagos indebidos al personal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por mil 411 millones de pesos y que en el Estado de México se detectó el pago de apoyos económicos otorgados indebidamente al sindicato por cerca de 582 millones de pesos.
Asimismo, pagos indebidos a personal adscrito a su centro de trabajo, comisionados al sindicato por cerca de 193 millones de pesos y pagos a personal, después de la fecha de su baja o durante su licencia sin goce de sueldo por cerca de 186 millones de pesos.
En consecuencia, dijo, se solicitó a la ASF realice una auditoría al Seguro Popular, a Fondos para la Educación en todo el país, y pida a la SEP informe del personal adscrito a la dependencia, número de personas comisionadas, montos que se van en nóminas de esos comisionados y en dónde están.
Respecto a Tabasco, dijo que es necesario transparentar el caso que se ha venido denunciando, particularmente por la falta de medicamentos o por haber sido desalojados los pacientes de los hospitales y en ese sentido una auditoría específica al Seguro Popular y Fondos para la Educación, específicamente en Tabasco.
En el caso de las auditorías que realice a la Cámara de Diputados, sobre todo en “recursos asignados” a grupos parlamentarios, solicitó de manera formal a los mismos grupos de esa instancia legislativa que de manera inmediata y como una manera de congruencia suban a sus portales la información de recursos que reciben y su destino.