El diputado Ricardo Monreal Ávila propuso tipificar como delito la suplantación de identidad, así como imponer pena de dos a seis años de prisión y hasta 700 días de salario mínimo a quien se apropie de manera ilícita de datos personales.
La propuesta señala adicionar dichas penas en el Artículo 287 bis del Código Penal Federal para sancionar a quien suplante la identidad, con o sin su consentimiento, con el propósito de generar un daño patrimonial u obtener un lucro indebido para sí o para otro.
Además, mencionó, se aumentaría en una mitad las penas previstas en el párrafo anterior, a quien se valga de la homonimia, parecido físico, similitud o semejanza de la voz para cometer el delito.
El secretario de la Comisión de Defensa Nacional explicó que la suplantación de identidad está considerada como uno de los actos ilícitos de más rápida expansión en los últimos años, pero el esfuerzo por detener esta conducta ha sido disperso y escaso.
En un comunicado, el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) precisó que en el Código Penal Federal no está tipificada la suplantación de identidad, que se ha vuelto una práctica común a partir de la falsificación de documentos, apertura de cuentas y el incremento de la clonación de tarjetas de crédito.
Consideró que el desarrollo acelerado de las tecnologías ha permitido la reproducción, resguardo y transmisión de datos en medios digitales, lo que ha facilitado su sustracción a través de programas informáticos y que sean aprovechados y utilizados con fines delictivos.
El país, explicó, no cuenta con estadísticas para conocer la gravedad del problema.
Recordó que el Instituto Federal de Acceso a la información y Protección de Datos (IFAI), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef) son los entes encargados de recabar las mencionadas cifras.
En 2011, expuso, el monto reclamado por los usuarios ante la CONDUSEF por posibles fraudes con sus tarjetas de crédito y débito, transferencias electrónicas o cheques, ascendió a 476 millones de pesos.
Se estima que los bancos anualmente reembolsan 800 millones de pesos por cargos no reconocidos por el cliente, mencionó el diputado de izquierda.
Monreal Ávila resaltó que las consecuencias de la suplantación rebasan en muchos casos la pérdida económica del afectado, pues compromete su historia crediticia, prestigio y hasta su identidad social y es molestado por despachos de cobranza y acreedores que no toman en cuenta el fraude del que fue objeto.