A nombre de la Comisión de Energía, el senador del PRI, Óscar Román Rosas González dijo que esta reforma tiene el propósito de recuperar para México una empresa pública, competitiva y productiva, que garantice a su población seguridad y soberanía energética.
“Podemos --expresó-- mirar de frente a nuestros electores, porque la reforma salvaguarda cada centímetro de la patria, con el dominio de la nación sobre la riqueza energética”.
Manifestó que postergar esta enmienda sería una omisión histórica y “retrasar la votación con el pretexto de la cautela es disfrazar una intención política y electoral, pues el verdadero riesgo radica en condenar a este país a la parálisis energética por temor al disenso”.
“La historia juzgara esta reforma como un punto de inflexión para la economía nacional y habrá de juzgarse como el instrumento que permitió romper los grilletes que impuso en nosotros la retórica fácil y el anacronismo”, puntualizó.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, senador Raúl Gracia Guzmán señaló que la reforma establece condiciones con las cuales México recibirá mayores utilidades por la extracción de sus recursos, manteniendo la propiedad de éstos a favor del Estado y transformando las paraestatales en empresas públicas productivas.
“Debe retrocederse la expropiación en cuanto sea necesario para crear un sistema técnico, eficaz, de explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, y eso hace esta reforma”, afirmó el legislador panista.
Aseguró que no se “acaba” con Pemex o CFE sino sólo se transforman en empresas públicas productivas, con esquemas orgánicos eficientes, que evitarán las “cargas excesivas laborales y fiscales” que no le han permitido alcanzar su potencial.
Argumentó que el dictamen genera una definición económica fundamental para el futuro del país, ya que se crea un modelo energético que impulsa el desarrollo de la nación en el corto, mediano y largo plazo, “con lo cual el Ejecutivo no tendrá excusa para no dar resultados”.
El presidente de la Comisión de Fomento Económico, José Ascención Orihuela Bárcenas, subrayó que Pemex podrá asociarse con la iniciativa privada en la exploración y extracción de combustibles fósiles, a través de los contratos de utilidad compartida y producción compartida de licencias, “lo que permitirá consolidar a nuestro sector energético como uno de los más productivos y eficientes a nivel internacional”.
En este sentido, el legislador priista precisó que la reforma asume el compromiso de hacer más transparente a Pemex y CFE, de tal forma que cualquier ciudadano pueda consultar la información de la adjudicación de contratos que se otorguen a privados y las licitaciones públicas.
Aseveró que con el nuevo marco jurídico se definirá el rumbo de México durante las próximas cinco décadas, ya que se moderniza el sector energético sin poner en entredicho la soberanía y la rectoría del Estado, con el objetivo de obtener mayores rentas, aprovechar mejor los recurso y ofrecer servicios de calidad a los mexicanos.
En pocos años, se reducirá la importación de gasolinas, gas de uso doméstico y los hidrocarburos, “lo que representa un paso fundamental que garantiza la seguridad energética y al mismo tiempo reducir sus costos en beneficio de la economía de las personas”. finalizó
Por la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Enrique Burgos García destacó que la reforma es el resultado de una labor intensa para aprovechar de forma adecuada la riqueza petrolera y la transformación del sector energético.
Con ello, enfatizó el legislador priista, “impulsaremos desarrollo, crecimiento del Producto Interno Bruto, generación de empleos productivos, la distribución equitativa de la riqueza y la justicia social”.
Lo anterior, a partir del diagnóstico del sector y la actual revolución tecnológica del siglo XXI para la producción y explotación de hidrocarburos y de energía eléctrica.
Resaltó que en la norma constitucional se refrenda que es inalienable e imprescriptible el dominio de la Nación sobre el petróleo y todos los hidrocarburos y se reitera que en el caso de los que se encuentran en el subsuelo no se otorgarán concesiones.
Previamente y a nombre del PRD, el senador Mario Delgado Carrillo presentó una moción para suspender la discusión del dictamen en tanto no se pronuncie la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad del procedimiento para realizar una consulta popular en esta materia y que fue respaldada con las firmas de un millón 672 mil 242 personas.
“Y de ser el caso --agregó el legislador-- que se lleven a cabo todos los actos necesarios para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a ser consultados sobre un tema de trascendencia nacional” y a participar en la toma de decisiones fundamentales para el país.
Se trata, dijo, de un derecho humano, “cuyo ejercicio no puede estar sujeto a la arbitrariedad de las autoridades”; además, continuó, “no existe ningún argumento constitucional, político, económico o social para que no se realice la consulta” y, por el contrario, se dotaría a esta reforma del consenso y la legitimidad necesaria.
Al respaldar esta propuesta, el senador Manuel Bartlett Díaz, del PT, señaló que la reforma tampoco se acompañó de la evaluación de impacto presupuestario y el artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece esta obligación.
Esto, agregó, “pereciera que es un pretexto para obstaculizar el trabajo del Senado de la República, pero es un mandato de Ley”, una obligación que incumplió el Presidente, el Partido Acción Nacional y las comisiones que dictaminaron las iniciativas.
Posteriormente, se desahogó la presentación de 12 votos particulares en contra del dictamen que presentaron los senadores Manuel Bartlett Díaz, del PT, así como Dolores Padierna Luna, Alejandro Encinas Rodríguez, Adán Augusto López Hernández, Fernando Mayans Canabal, Armando Ríos Piter y Lorena Cuéllar Cisneros, del PRD.
También recurrieron a esta figura para manifestar su rechazo a la reforma los senadores perredistas Rabindranath Salazar Solorio, Isidro Pedraza Chávez, Zoé Robledo Aburto, Mario Delgado Carrillo y Benjamín Robles Montoya.
Para Padierna Luna “se trata de una contra-reforma energética” elaborada “de espaldas a la población” y “radicalmente privatizadora”, por lo que “México está en peligro” con la intención de modificar los artículos constitucionales para entregar al sector energético “a los grandes intereses trasnacionales”.
Señaló que el proyecto representa una “regresión” y permitirá que la reserva petrolera se convierta en parte de los activos de las empresas trasnacionales y “esto constituye una de las más grandes amenazas a la soberanía nacional”.
A su vez, el senador Alejandro Encinas Rodríguez negó que los grupos parlamentarios de izquierda busquen postergar la reforma, pero sí plantean la necesidad de llevar a cabo una consulta popular, pues es “el derecho de las mexicanas y mexicanos a decidir sobre los asuntos fundamentales del país”.
Esto --anunció-- no termina aquí ya que promoveremos una acción de inconstitucionalidad ante la Corte porque los derechos establecidos en la Constitución no pueden someterse a votación de mayorías artificiales y deben ejerceré plenamente.
Por ello, advirtió que “el pueblo tiene derecho a rebelarse y a desobedecer las resoluciones que hoy se van a imponer por una mayoría unilateral que representa en lo fundamental al sector del dinero y de los privilegios en nuestro país”.