El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, informó que en la primera semana del período ordinario este órgano legislativo aprobará el Código Nacional de Procedimientos Penales, con el que se establecerán las normas para la investigación, procesamiento y sanción de los delitos.
El código procesal único dará mayor certeza, inmediatez y transparencia a los procedimientos judiciales, al regular el sistema oral acusatorio, en un marco de respeto a los derechos humanos, explicó el diputado panista y comentó que el proyecto en donde se incluyó la posibilidad de que los registros de las actuaciones en todo el procedimiento se realicen por escrito, audio o video y en general por cualquier soporte que garantice su reproducción.
Adicionalmente, se eliminaron las formalidades excesivas previstas para resguardos, además de que se hará una regulación mínima y flexible sobre los medios informáticos que pueden utilizarse. En todo momento las autoridades deberán respetar y proteger la dignidad de la víctima, dijo Anaya Cortés.
Ante ello, el diputado Ricardo Anaya expresó su confianza para que este código contribuya a mejorar la situación que prevalece en estados como Michoacán y Guerrero, toda vez que se armonizarán los criterios competenciales y jurisdiccionales que regirán los procedimientos en el orden federal y local.
NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES
El Código Nacional de Procedimiento Penales permitirá a los ofendidos, las víctimas y los delincuentes obtener el respeto a sus derechos que les consagra la Constitución con los principios de inmediatez y de oralidad.
El juez tendrá que estar presente en todas las audiencias de cara al acusado, las víctimas y los fiscales, y todo esto va a permitir consolidar un sistema para dar una mejor justica a los mexicanos.
A su vez el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las reformas se encuentran en plena constitucionalidad en vista de que la localización geográfica en tiempo real, está dirigida fundamentalmente a los aparatos asociados a una línea telefónica y no implica de ninguna manera la intervención de comunicaciones y de domicilios.
El nuevo código prevé establecer las normas que se observarán en la investigación, el procesamiento y la sanción de delitos cometidos en el territorio nacional, que sean competencia de órganos jurisdiccionales locales y federales.
Reglamentaría también cateos, intervención de comunicaciones privadas o tecnologías de información, órdenes de aprehensión o detenciones, toma de muestras sin el consentimiento del imputado, registro y descubrimiento de la investigación, entrevistas a testigos e imputados, inspecciones corporales y la identificación de sospechosos.
Estipularía los lineamientos para esclarecer hechos delictivos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y la reparación de daños, respetando en todo momento los derechos humanos.
Este nuevo ordenamiento permitiría uniformar la justicia en el país con base en el modelo acusatorio e instituiría la reglamentación de actos de investigación, que se relacionen con la posible violación a derechos humanos o afecten el debido proceso.
También establecería medidas alternativas de solución de controversias, a efecto de resolver los conflictos que deriven de conductas punitivas y, con ello, evitar juicios largos.