El pleno de la Cámara de Diputados aprobó elevar las sanciones e imponer cárcel de hasta ocho años a quien o quienes simulen un secuestro.
Al presentar el dictamen, remitido al Senado de la República para su revisión, el diputado panista Humberto Armando Prieto Herrera indicó que también prevé modificar los artículos 13 y 14 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.
Así, aumentará de tres a seis años de prisión la sanción a quien por sí o por interpósita persona simule la privación de su libertad.
Asimismo, de tres a ocho años de prisión a quien simule la privación de la libertad de una persona, con la intención de conseguir alguno de los propósitos señalados en el artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro.
Explicó que el artículo 13 de esta ley fija una pena de 100 a 350 jornadas de trabajo a favor de la comunidad a quien simule por sí o por interpósita persona la privación de la libertad, por lo que se consideró que dicha sanción no es suficiente al plantear “sólo trabajo a favor de la comunidad como pena”.
Esta situación, dijo, se prestaba a que prácticamente se invitaba a la sociedad a llevar a cabo conductas de este tipo, cuando la misión de los legisladores debe ser “prevenir la delincuencia y hacer conciencia en la ciudadanía sobre las consecuencias que pueden haber cuando se daña a otra persona”.
Por ello, con la modificación de ley se propone elevar la sanción que se encuentra ya establecida, para que se castigue con prisión de dos a ocho años al que simule por sí o por interpósita persona la privación de su libertad.
Al conocer el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias presentaron sus posturas a favor y lamentaron que en 2013 el delito de secuestro aumentó 20 por ciento, como lo reporta una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Los legisladores coincidieron que del total de secuestros solo se denuncia 1.24 por ciento, y lo más lamentable es el daño que se hace a la familia en su economía y su integración social.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, puntualizó que es tan grave el daño que provoca el secuestro a la víctima y a la familia que ni con la atención médica, psicológica e incluso social se recuperan y es peor aún, dijo, cuando en este delito participa un familiar o gente cercana al afectado.
En ese sentido, su compañero de partido, Ricardo Mejía Berdeja, habló a favor del dictamen y señaló que el autosecuetro se genera en un contexto de descomposición social donde está arraigado la extorsión y delitos asociados con la delincuencia organizada.
Reconoció que el autosecuestro se debe penalizar, pero también extender el contexto social en que se realiza esta simulación para que se atienda desde la raíz.
Es tan grave este delito del secuestro, subrayó, que el gobierno federal implementó una estrategia nacional para enfrentar este flagelo que, de acuerdo con cifras del Inegi, en 2012 hubo 105 mil 682 secuestros en México y sólo se denunciaron mil 317.
Sin embargo, señaló, se requiere del diseño de nuevos programas y considerar la experiencia de otros países. Tampoco, dijo, basta con subir las penalidades si no se modifica la estrategia anticrimen actual.