México, 14 de marzo 2025 ::: Cinco familias originarias del estado de Nayarit, México, interpusieron una demanda
civil ante un tribunal federal en Estados Unidos en contra el exfiscal Édgar Veytia, a quien acusan de actos de tortura perpetrados directamente por él o por agentes de seguridad bajo su mando entre 2012 y 2017.
La denuncia fue presentada con base en la Ley para la Protección de Víctimas de Tortura (TVPA, por sus siglas en inglés), que permite iniciar procesos judiciales en tribunales estadounidenses contra personas responsables de tortura, incluso si los hechos ocurrieron fuera del país.
Los demandantes aseguran que fueron sometidos a detenciones arbitrarias, golpizas, amenazas y extorsiones por parte de cuerpos de seguridad estatales que operaban bajo las órdenes de Veytia, quien durante su gestión concentró un control absoluto sobre las fuerzas de seguridad de Nayarit.
Los hechos, afirman los abogados del caso, ocurrieron en el contexto de un periodo al que se refieren como “El Terror en Nayarit”, caracterizado por una cadena de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
La demanda fue presentada por el Centro Guernica 37 (G37 Centre), una organización sin fines de lucro con sede en San Francisco, con el respaldo de la firma internacional de abogados Baker McKenzie, que participa de forma pro bono, y la Clínica Jurídica de la Universidad de California en Irvine. Las organizaciones llevan más de cuatro años investigando estos hechos en conjunto con la asociación mexicana Justicia Transicional en México (JT MX).
Un patrón de abusos y extorsión
Entre los casos presentados se encuentran los de familias que aseguran haber sido extorsionadas bajo tortura para entregar propiedades o dinero. Uno de los testimonios corresponde a Gerardo Montoya y Yadira Yesenia Zavala, vecinos de Tepic. Ambos fueron detenidos arbitrariamente en junio de 2016 por agentes de la fiscalía estatal.
Montoya, quien trabajaba como agente de bienes raíces, fue trasladado a las oficinas de la fiscalía, donde recibió golpes y amenazas por parte del personal. Según la demanda, fue llevado ante el propio Veytia, quien le exigió un millón de pesos y finalmente se apropió de una casa en la playa propiedad del detenido.
Durante su reclusión, Montoya presenció la participación de otros personajes del aparato político local en las extorsiones, entre ellos Carlos Saldate, líder de transportistas y diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Rafael Gamboa, entonces director de la prisión estatal. De acuerdo con el relato, Veytia usaba su influencia para intimidar a las víctimas con amenazas de encarcelamiento y violencia física si no accedían a sus exigencias.
Otro caso destacado en la demanda es el del exagente de policía Yuri Camacho, quien trabajaba en la Secretaría de Seguridad Pública de Nayarit entre 2011 y 2012. Camacho estaba bajo las órdenes del comandante Eduardo Griss, un funcionario que, según la demanda, se negó a colaborar con los grupos criminales que eran presuntamente protegidos por Veytia.
Esta postura puso a Camacho en una situación de riesgo. En 2012, recibió amenazas directas del fiscal para que abandonara el estado. Posteriormente fue detenido, torturado y encarcelado después de regresar a Nayarit para visitar a su familia. Durante su reclusión fue sometido a ahogamientos y otros métodos de tortura, y fue liberado únicamente tras el pago de más de dos millones de pesos y la firma de una retractación de su denuncia contra el exfiscal.
Situación legal de Veytia
La demanda fue aceptada por el tribunal federal de Washington, y Édgar Veytia ya fue formalmente notificado. De acuerdo con los procedimientos establecidos por la TVPA, dispone de un plazo de 30 días para comparecer, designar un abogado o presentar una defensa. Si no responde, el juez podría resolver el caso en su contra y establecer una sanción económica como compensación a las víctimas.
El exfiscal ya había sido condenado por la justicia estadounidense por otros delitos. Fue detenido en marzo de 2017 cuando intentaba cruzar la frontera desde México hacia Estados Unidos, y en 2019 se declaró culpable de un cargo de narcotráfico, tras ser acusado de utilizar su posición para proteger las actividades de organizaciones criminales y facilitar el tráfico de drogas.
Fue sentenciado a 20 años de prisión, pero su condena fue reducida en 2024 a 10 años, en virtud de su colaboración como testigo en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna, quien hoy purga condena en Estados Unidos.
La Agencia Federal de Prisiones (BOP) confirmó que Veytia fue liberado el 10 de febrero de 2025 de la Institución Correccional Federal de Ashland, en el estado de Kentucky. Su nombre ya no aparece en el registro de personas bajo custodia federal.
Las autoridades mexicanas, por su parte, han confirmado que existen al menos seis solicitudes de extradición activas contra él, por delitos como secuestro agravado, extorsión, abuso de autoridad, tráfico de influencias y tortura. Estas solicitudes están en trámite ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).