En el 2012 el juez Eduardo Torres Carrillo, ahora magistrado, violó el artículo 19 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, porque no resolvió la situación jurídica del detenido en las 72 horas que establece la ley.
Se tomó dos días más por su cuenta y en ese lapso el imputado fue torturado, delito que no prescribe.
Violar la Constitución no es cosa menor, mucho menos la tortura, que no solo lastima a la víctima sino también a su familia, a su entorno. Situación monstruosa que al juzgador pareció no importar.
Hubo queja en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). No prosperó, el juez fue liberado de toda responsabilidad. Dos semanas después fue cambiado de adscripción y ascendido a magistrado.
¿Pruebas?
Están en el expediente judicial los oficios del penal que precisan día y hora de entrada, así como día y hora de salida del acusado.
Los testimonios fueron citados en la Recomendación 27/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que narra con detalle las fallas del juzgador y la tortura contra la víctima.
En el resolutivo del consejo de la judicatura, que liberó de culpa al juez, se puede leer tanto la explicación inconsistente del ahora magistrado Eduardo Torres Carrillo como la insostenible justificación.
Por si algo faltara, quien entonces se desempeñaba como director de la presidencia del CJF Francisco Migoni Goslinga, repitió y repitió que nada justificaba violar el artículo 19 de la Constitución.
Y el juez Torres Carrillo, ahora magistrado, sigue tan campante, como si nunca hubiera torcido la ley.
Arturo Zárate Vite
@zarateaz1
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