Los políticos siempre han sabido que las llamadas telefónicas pueden ser grabadas. Vieja práctica, desde hace más de 40 años en nuestro país.
Por eso sorprende que a estas alturas todavía haya quienes hagan confidencias por ese medio, revelaciones de actos indebidos o sospechosos.
Durante el sexenio de José López Portillo (1976-1982) el presidente recomendaba a sus amigos y cercanos colaboradores que no se les fuera a ocurrir hablar por teléfono de sus aventuras palaciegas.
Y si finalmente, por algún motivo, se veían obligados a transmitir por ese medio un secreto, la recomendación era que utilizaran cualquiera de los teléfonos públicos que estaban en la calle y que funcionaban con una moneda de 20 centavos. Teléfonos que las nuevas generaciones ya no usaron ni conocieron, ante el surgimiento de los celulares.
Si entonces se podía grabar una llamada, ¿se imaginan ahora? Peca de pendejez quien crea que todavía hay privacidad, así que más vale cuidar las conversaciones telefónicas.
Lo ideal es que los políticos o servidores públicos no cometan tonterías o presuntos ilícitos, para que entonces no tengan de que preocuparse por lo que digan por el aparato.
Ni salgan con que van a investigar quién los grabó o exigir a la autoridad que los detenga y castigue el espionaje. Sería pérdida de tiempo. El punto crítico, por lo que se ha visto, no es el grabador, sino el político corrupto y bocón, que por supuesto merece castigo.
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