Hay algo que no podemos dejar de lado, y es que los conflictos están convulsionando el orden social del país, y han sido magnificados por los principales grupos de interés en mantener la atención en la tensión. Hasta ahora la interlocución en las estructuras gubernativas ha sido débil frente a las agresiones provenientes de miembros de la CETEG en Guerrero, los
anarquistas en la Ciudad de México, y los alumnos de las normales rurales que ya se han acostumbrado a delinquir sin recibir castigo. A eso hay que agregar que al parecer los aparatos de inteligencia solamente registran hechos, pero no han entregado diagnósticos que permitan enriquecer la toma de decisiones. En este contexto, y de acuerdo con los especialistas, las manifestaciones tienen la finalidad de dañar severamente el tejido social manteniendo tensiones que impidan la cohesión de las tareas gubernamentales buscando alcanzar un solo resultado: el caos.
La desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Guerrero es un asunto que ha mantenido en vilo al país desde hace casi dos meses. No es un asunto menor, pero tampoco algo que tenga que mantenerse indefinidamente en el centro de los debates político, económico y social. En eso han puesto su empeño quienes están detrás de los movimientos alternativos. Lo primero que tenemos que entender todos es que Guerrero no es todo México y que los normalistas no tienen ningún derecho a intentar paralizarlo, provengan de donde provengan y pertenezcan a cualquier clase o estrato social. El destino del país tiene que orientarse en función del interés de la mayoría de los ciudadanos y no al arbitrio de quienes pretenden colocarse por encima de los poderes constituidos.
El respeto a la legalidad y al estado de derecho son la garantía de nuestra convivencia armónica, de ahí el reclamo de muchos sectores sociales en el sentido de que es la hora de imponer la ley y castigar a quienes en las últimas semanas se han dedicado a delinquir. Quienes han causado brutales daños a la población han confundido a la libertad de expresión con el pillaje, y eso no lo debemos permitir. La población no ha sido tomada en cuenta en la definición y atención del problema, y las manifestaciones anárquicas han incrementado su peligrosidad para la gobernabilidad del país, lo que también desencadena inestabilidad económica, principalmente en Guerrero. Necesitamos recuperar la paz y la tranquilidad para seguir avanzando, y eso solamente lo puede garantizar un Estado fuerte y legalmente constituido.
Enrique Peña Nieto es el presidente de la República por mandato popular, y dispone de instrumentos necesarios para imponer el orden, pero ha preferido mantener la calma frente a un conflicto sobredimensionado y cuyos artífices no son los estudiantes, sino los poderosos miembros del dinero. Para decirlo de otra forma, hay intereses económicos muy claros y definidos en torno al problema porque ahora tienen la capacidad de competir y confrontar al Estado de forma impune. La subversión no la planearon las organizaciones opositoras al régimen, sino los intereses económicos que han visto en el proyecto peñista una amenaza a las riquezas acumuladas al amparo del poder. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.