Durante el año pasado, fueron sancionados 11 mil 259 servidores públicos en el país, lo que sigue evidenciando que son muchos los hombres y las mujeres que buscan entrar al servicio público como una forma de ganar dinero de forma rápida y en cantidades suficientes para un pronto retiro. Pero también hay que señalar que la corrupción no es un fenómeno novedoso en el país, y lleva muchos años arraigado en los esquemas gubernativos de todas las latitudes. Ha sido un mal endémico de ese México al que solamente se le defiende en el discurso, porque una vez que se accede al poder, los principios y los valores se van al cajón de los olvidos y se presentan las ambiciones personales.
Nuestra realidad señala que, antes que respetar la ley, muchos funcionarios piensan o buscan la manera de evitarla, de violarla sin recibir un castigo a cambio. Por eso se han refinado los procesos de corrupción al grado de que han surgido en los últimos años hombres y mujeres especializados en el manejo y el encubrimiento de este tipo de actos, que van de una oficina a otra para evitar cualquier resquicio en la aplicación de la ley contra de los titulares. Pero también existe un brutal descuido por parte de quienes tienen la tarea de velar por el interés del Estado, que es el mismo de los ciudadanos que aportamos el dinero que otros se roban.
La buena noticia es que en el último año se efectuaron 12 mil 37 auditorías en los Estados. La mala es que pareciera que los que toman las decisiones de los lugares que se tienen que auditar dan palos de ciego y que las dirigen al azar, o a su propio arbitrio o interés. Y lo digo porque ese monto de auditorías presenta una brutal disparidad en cuanto a los entes gubernamentales revisados. En Baja California se realizaron mil 630 revisiones, en Coahuila se llevaron a cabo mil 548 y en el Estado de México mil 726. Lo insólito de todo esto es que en el Gobierno del Distrito Federal solamente se llevó a cabo una auditoría, con todo y que es la estructura administrativa más cuestionada y donde la industria de la corrupción ha sido reseñada en la mayor parte de los medios de comunicación.
Independientemente de lo que se ha reseñado de la Línea 12 del Metro, de los negocios del ex oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal, de los cuantiosos gastos que se realizan desde la Oficialía Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y ni se diga en las jefaturas delegacionales, el caso más patético ha sido protagonizado por Jesús Valencia, jefe delegacional en Iztapalapa, y habla mucho de la forma tan cínica con que se realizan los actos de corrupción. Por eso, el Gobierno del Distrito Federal ha sido considerado por los expertos como el que tiene la incidencia de corrupción más alta del país, incluso por encima de la que se realiza en todo el Gobierno Federal. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.